Berkeley: de la amenaza medioambiental al escándalo institucional

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) denunció ante el Congreso y la Abogacía del Estado haber recibido presiones desde la minera Berkeley y el gobierno regional de Castilla y León para aprobar un proyecto de explotación a cielo abierto de uranio en el Retortillo, Salamanca. El proyecto incluye una planta de tratamiento del mineral e instalaciones para el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos. Ha sido polémico desde un principio y ha encontrado una fuerte oposición que incluye desde los grupos ecologistas hasta el Parlamento portugués. Hoy su futuro está más en cuestión que nunca, a solo un paso de ser finalmente archivados los procedimientos de autorización.

¿No estaba aprobado ya el proyecto?

En septiembre del 2015, Berkeley obtuvo el apoyo de la Junta y del Gobierno central para la construcción de la planta de concentrados y el almacén de residuos nucleares, pero la vigencia de esa autorización caducaba a finales del 2020. En diciembre pasado el Ministerio para la Transición Ecológica concedió la renovación de la autorización para el establecimiento de la planta de concentrados de uranio en Retortillo. Sin embargo, era necesario un nuevo informe de Seguridad Nuclear (véase la cronología del proyecto al final de este artículo).

¿Por qué la minera se siente bajo sospecha?

El proyecto minero es polémico desde su comienzo porque la empresa contrató como cabildero en Bruselas a Manuel Lamela, exalto cargo del comisario de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que fue quien firmó la autorización comunitaria para la mina.

Además, la estrategia diseñada por los asesores legales de la minera, la sociedad australiana Herbert Smith Freehills, ha resultado polémica en sí misma. Quedó claro con el voto particular en contra de un consejero del CSN en el primer informe del organismo. El consejero argumentaba que siendo la explotación un único conjunto, la evaluación de riesgos nucleares debía hacerse de la totalidad y no de las partes independientemente -como había presentado la minera. No debe atribuirse el error a un desconocimiento de los procedimientos españoles. Los asesores australianos en realidad tienen oficinas en Madrid y a cargo del proyecto está la directora del área de administrativo, medio ambiente y regulatorio de la firma en España, Iria Calviño.

¿Qué hay bajo las presiones de Berkeley?

En las cartas entregadas por el CSN a la Abogacía del Estado se expresa reiteradamente el nerviosismo de los propietarios de la firma ante una enmienda a la Ley de Cambio climático pactada entre PSOE y Podemos. Según los autores, esta enmienda, a la que califican de manifiestamente ilegal, atenta gravemente contra los intereses de la minería del uranio en general y de los proyectos de Berkeley en particular.

La enmienda propone prohibir la investigación y el aprovechamiento de minerales radioactivos […] cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles en todo el territorio nacional. Además especifica que de aprobarse se procederá al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radioactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales.

Berkeley ya hizo público que de aprobarse la enmienda reclamaría al estado una indemnización de 500 millones. Pero ahora, sus temores aumentan. Si los informes del CSN no se emiten inmediatamente es más que probable que la enmienda se apruebe antes y el procedimiento entero quede sencillamente archivado. Berkeley quedaría con pocas posibilidades de ganar siquiera una indemnización en los tribunales.

¿Por qué los grupos ecologistas se oponen al proyecto?

La mina a cielo abierto estaría en medio de un encinar protegido por dos directivas europeas Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Importancia Comunitaria.

Para explotar esta veta de 4,3 kilómetros de longitud y 120 metros de profundidad, se vallarían 2.517 hectáreas, de las que 240 estarían ocupadas por escombreras y una decena de balsas rellenas con agua, ácido sulfúrico, sosa cáustica y ácido clorhídrico, entre otros químicos, para la extracción y decantación del óxido de uranio.

También sería necesario talar más de 25.000 robles, alcornoques y encinas. A pesar de ello, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitió el 25 de septiembre de 2013 una Declaración de Impacto Ambiental favorable a los planes de Berkeley.

¿Por qué el Parlamento portugués se ha manifestado en contra del proyecto?

El 16 de Marzo de 2018 el Parlamento de Portugal aprobó por unanimidad una declaración en la que se pedía al Gobierno portugués que hiciera las diligencias necesarias para impedir la explotación de uranio en Salamanca y para que se realizase un estudio de impacto ambiental transfronterizo de este proyecto.

La Agencia Portuguesa de Ambiente ya determinó que el proyecto de Berkeley tiene efectos significativos en Portugal por el régimen de vientos de Este Noreste y por la probabilidad de contaminación del río Yeltes, que vierte sus aguas en el Duero del que dependen dos millones de personas en aquel país.

¿Por qué la Junta de Castilla y León apoya a la minera al punto de generar un conflicto institucional?

Según la minera, el proyecto implicaría una inversión de 250 millones de euros y la creación de 450 puestos trabajo directos y hasta 2.000 indirectos en la región.

Sin embargo, no todas las administraciones públicas locales han llegado tan lejos. La Diputación de Salamanca ha rescindido el convenio para desdoblar la carretera comarcal que habían acordado con Berkeley. El trazado pactado permitía el uso de terrenos para escombreras e instalaciones de la explotación. Desde la plataforma Stop Uranio se considera que al no poder utilizarlos el proyecto carece de viabilidad.

Cronología de un proceso

Abril de 2014: la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León otorga a Berkeley Minera España (BME) la concesión de explotación de minerales de uranio en el dominio minero Retortillo-Santidad (Salamanca).

Septiembre de 2015: la Secretaría de Estado de Energía, del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETAD), concede a Berkeley Minera España la autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear para la planta de fabricación de concentrados de uranio, tras haber obtenido informe favorable del CSN, sin unanimidad, el 8 de julio de 2015.

Diciembre de 2015: Berkeley solicita al Ministerio autorización para la construcción, se encuentran serias deficiencias en la documentación presentada y al no ser subsanadas se procede al archivo del expediente mediante Orden de 27 de junio de 2016.

Septiembre de 2016: Berkeley presenta una nueva solicitud al Ministerio, éste a su vez pide un informe preceptivo al CSN. El CSN responde que, dada la complejidad de la documentación aportada como soporte de la solicitud y los procedimientos internos del CSN a los que debería someterse su tramitación, el plazo necesario para la emisión del informe preceptivo conllevaría unos dos años.

Enero de 2017: el MINETAD suspende el procedimiento de autorización de construcción de la Planta, con carácter indefinido, hasta la emisión del informe del CSN.

Julio de 2017: La UE recuerda a España la obligación de presentar informe sobre la licencia de explotación. La minería de uranio es una operación sujeta al ámbito de aplicación del artículo 37 del tratado Euratom.

Mayo de 2018. El MINETAD solicita al CSN un informe sobre la justificación radiológica de una actividad que pretende llevar a cabo BME, un almacenamiento definitivo de residuos radiactivos en el hueco minero de una nueva explotación minera denominada Zona 7 (situada a 9 kilómetros de la explotación minera de Retortillo) en el colindante municipio de Villavieja de Yeltes. De acuerdo al informe aprobado por unanimidad por el Pleno del CSN en julio de 2018, la modificación que conlleva la Zona 7 tendría resultados diferentes y no deseables.

Tendrá unos resultados diferentes y no deseables al crear un almacenamiento definitivo de residuos radiactivos con obligaciones de vigilancia perpetua, a 9 kilómetros de otro [almacenamiento definitivo en Retortillo] en proceso de licenciamiento, lo que representa una carga adicional para las generaciones futuras que debe ser tenida en cuenta conforme a lo establecido en la legislación vigente

Informe unánime del CSN, julio de 2018

Julio de 2018: El CSN solicita información adicional a Berkeley y se comunica la paralización del expediente hasta su recepción.

Agosto 2020: Berkeley obtiene la licencia urbanística municipal para la construcción de la planta de concentrados de uranio como instalación radiactiva.

Septiembre 2020: Las actas del CSN colocan la mina de uranio de Berkeley en un limbo jurídico. El Ministerio de Transición Ecológica realiza un análisis económico de los planes del grupo minero australiano para determinar si este puede reclamar por lucro cesante en caso de cierre

Noviembre 2020: Berkeley anuncia que sólo le falta obtener la autorización de construcción de la planta de tratamiento de uranio para iniciar las obras en Retortillo.

Diciembre 2020: El Supremo confirma la autorización a Berkeley para su planta de uranio en Salamanca y sus acciones se disparan un 34%. Rechaza el recurso presentado por Foro de Izquierdas-Los Verdes y Adeco-Ecologistas en Acción al considerar, entre otros aspectos, que no estaba lo suficientemente justificado. El Ministerio de Transición Ecológica renueva a la multinacional Berkeley la autorización para explotar la mina de uranio de Salamanca.

Enero 2021: La Diputación de Salamanca revoca acuerdo con Berkeley para hacer la carretera a la mina uranio. El CSN denuncia ante el Parlamento y la Abogacía del Estado estar recibiendo presiones indebidas de la minera y el gobierno de la región de Castilla-León.