Carta de la Energía

Carta de la energía. Campaña CAN Campaña de CAN contra la Carta de la Energía

La Comisión Europea (CE) lleva adelante una sinuosa e ineficaz acción para reformar el Tratado de la Carta de la Energía (TCdlE). Se trata de un acuerdo firmado en 1994 por al menos 50 países y que fue promovido por la Unión Europea (UE) con el objetivo de integrar a las naciones antes parte del bloque soviético, y su acuerdo económico -el COMECON- dentro de las redes de energía europeas. Este pacto supranacional acabó siendo una herramienta de defensa de los inversores ante los cambios en las reglas de juego. Ahora es el objetivo de una campaña activista en toda Europa instando a las instituciones europeas a abandonar el Tratado.


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La Carta de la energía y los litigios contra los estados

La Carta de la energía sustentó ya una larga trayectoria de litigios en España…

Carta de la Energía es una traducción poco feliz de Charter que es algo más que una carta y se asimila más a una Constitución. Es en realidad un tratado que protege a las inversiones energéticas de cualquier cambio en las reglas del juego estipulado por los estados. Estas disputas se resuelven en un tribunal de arbitraje llamado Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que depende del Banco Mundial.

Hasta ahora, España ha sido la principal víctima de la Carta de la Energía. Le ha tocado el honor de sufrir el 20% de los litigios en Europa contra reformas en el sector de la energía.

Ser signatarios de ese tratado permitió el desarrollo de la estrategia jurídica con la cual los inversores en energías renovables se opusieron a la reforma de 2013 que modificó los términos de retribución de la energía generada por las renovables.

…pero al empezar a usarse contra el Pacto Verde europeo en otros países…

La Carta de la energía ha empezado a ser utilizada como estrategia jurídica para la defensa de las inversiones energéticas frente a las transformaciones que impone el Acuerdo de París y el Pacto Verde europeo.

La compañía eléctrica alemana RWE ha iniciado ahora un pleito contra el Gobierno de Holanda por 1.600 millones de euros por la decisión de La Haya de cerrar en el 2030 las centrales eléctricas de carbón. Rockhoper reclamó 350 millones de dólares al gobierno italiano por prohibir la extracción de petroleo off-shore en su Zona Económica Exclusiva. Incluso parece inminente una demanda contra Eslovenia por pedir análisis de impacto medioambiental a los proyectos de fracking en su territorio.

Y mientras, en el largo lapso litigioso entre las demandas a España y la nueva oleada vinculada al Pacto Verde, los tribunales de la UE han adoptado la doctrina de que los estados de Europa no deben aceptar los laudos arbitrales que benefician a las corporaciones europeas sujetas a la misma ley y derechos. Algo sobre lo que el Tribunal Supremo español ya había sentado como doctrina al apoyar al estado español frente a las pretensiones de los fondos de inversión.

…ha despertado la resistencia de las organizaciones sociales y ecologistas

La proliferación de demandas contra los estados de otros países europeos ha convertido a la Carta de la Energía en tema de debate público. Como relatamos en nuestras claves de hoy, una investigación de Buzzfeed Alemania denunciaba ayer que la Carta de la energía, que definía como contrato unilateral, vago y vinculante podría costar miles de millones a la UE en pleitos de las empresas petroleras y mineras.

Esta semana el frente de organizaciones no gubernamentales Red para la Acción Climática (CAN, por sus siglas en inglés), probablemente la entidad más fuerte en la defensa del clima y la eliminación de las emisiones de gases de invernadero, ha iniciado una campaña para que la UE salga en bloque del Tratado Carta de la Energía. La pertenencia al mismo supone un alto riesgo económico valorado en miles de millones de euros como refleja el caso de España.

Por qué la CAN se moviliza ahora y no se movilizó cuando la Carta de la energía se utilizó contra España

Zapatero y la Carta de la energía

El uso oportunista de la Carta de la Energía tiene ya una larga trayectoria y como se ha señalado no sólo se usa en beneficio de las inversiones en activos contaminantes, sino también en renovables. Lo que no se dice es que en España bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se alentó una carrera precipitada, sin planificación alguna, para fomentar las instalaciones dedicadas a la generación renovable, en especial las granjas solares.

El sistema consistía en la aplicación de un modelo matemático en el cual las variables eran la retribución del kilovatio hora y el coste de la financiación del proyecto a los tipos de interés de mercado, de forma tal que quedara un margen financiero goloso para la inversión. No había que arriesgar capital. El sistema implicaba un verdadero trasvase de recursos financieros en favor de los fondos de inversión de todo tipo y color que se lanzaron a instalar parques solares y eólicos además de otro tipo de equipos generadores como la biomasa y tecnologías más sofisticadas y menos probadas, sobre la base de recursos ajenos en la mayoría de los casos.

El modelo se cruzó con los coletazos del crash de 2008 y su efecto sobre Europa con la crisis de deuda a partir de 2010 y la severa crisis bancaria europea. Finalmente el conjunto de esa estructura financiera perversa se basaba en la factura eléctrica, es decir en el bolsillo de los consumidores.

El abuso de los consumidores a favor de los fondos no fue problema para CAN mientras sirvió para desplegar capacidad de producción fotovoltaica. Miró entonces para otro lado ante la estrategia legal de unos inversores que no arriesgaban y simplemente organizaban una transferencia de rentas masiva a su favor aprovechando un mal diseño gubernamental.

Pero ahora la Carta de la energía viene a socorrer a las energías más contaminantes que necesitan hacer frente a los objetivos de reducción de emisiones que se propone la UE. Y de hecho, la campaña de la CAN ha puesto el foco en el hecho que la Carta de la energía se ha convertido en una verdadera barrera para los objetivos de reducción de las emisiones en Europa.

La Comisión Europea, Francia y la Carta de la energía

Bruselas lleva un prolongado intento de enmendar la Carta de la Energía para ajustarla al horizonte de reducción de emisiones del Pacto Verde. Pero se resiste a una retirada en bloque del pacto que diseñó cuando tomó la iniciativa de integrar las redes de energía organizadas en torno al COMECON dentro del espacio europeo.

Su principal argumento es la existencia de una cláusula dentro del Tratado que deja sujetos a los países que lo abandonen a procesos judiciales durante 20 años. De momento el único país de la UE que abandonó el Tratado en 2016 fue Italia. Todo parece indicar que sin consecuencias funestas.

La Comisión parece empeñada en mantener equilibrios imposibles en los cuales se conciliarían intereses antagónicos como los de los grandes emisores de gases de efecto invernadero y los objetivos de una drástica reducción de emisiones para el 2050.

El gobierno Alemán en 2011, tras el desastre de Fukuyima en Japón, decidió un parón nuclear. Mientras que Berlín llegó a un acuerdo con las eléctricas alemanas, la sueca Vattenfall ha iniciado un pleito contra el estado alemán al amparo de la Carta de la energía por compensaciones de las pérdidas que le ocasionará la decisión del parón nuclear.

El conflicto entre las decisiones soberanas y los intereses comerciales de las grandes corporaciones está servido, y no es un factor circunstancial, basta ver la acumulación de arbitrajes en el CIADI contra Argentina por su default en el 2001 y la ruptura de acuerdos económicos y efectos de la devaluación masiva del peso para saber de qué estamos hablando.

Lo que ocurre es que en este caso los intereses comerciales no se limitan a un problema de distribución de rentas sino al conflicto entre ésta y la preservación del medio ambiente. Si nos tomamos en serio la Declaración de Emergencia Climática realizada por el Parlamento Europeo, significaría que lo que está en juego es la supervivencia tanto de los ecosistemas animales y la vegetación como de la misma sociedad humana.

Francia parece haber perdido la paciencia con las tribulaciones de la Comisión en sus intentos de empujar el Tratado, que ella misma creó, hacia una conciliación con sus objetivos de neutralidad en 2050.

Ante la imposibilidad de encontrar puntos de acuerdo entre los numerosos signatarios con intereses encontrados, cuatro ministros del gobierno de Francia han escrito una carta a Bruselas en la que señalan la necesidad de retirarse del Tratado si las negociaciones no prosperan en 2021. Desde luego, no se puede acusar al gobierno de la República en Marcha de Emmanuel Macron de jacobino, una especie política extinguida a finales del siglo XVIII…

Lo que la Carta de la energía nos enseña sobre las ayudas a las renovables y las garantías de precios

Hay quienes advierten contra una interpretación unilateral de la Carta de la energía porque, señalan, es la única herramienta que tienen las empresas que desarrollan las energías renovables para la defensa de sus inversiones tal como ha demostrado el caso español. Este es el argumento que hacía Andrei Belyi, profesor de legislación y política de la energía en la Universidad de Finlandia Oriental, y socio fundador de la consultora energética Balesene de Tallin, en una carta al Financial Times el 19 de febrero.

En realidad el debate está poniendo de relieve la necesidad de que las ayudas y subsidios, así como las garantías en los precios, se apliquen exclusivamente a las energías en desarrollo y no a las formas de generación que ya han madurado y cuya curva de conocimiento y volumen de producción de componentes ha permitido una reducción de costes. Una posición que están defendiendo algunos directivos de grandes empresas energéticas que han invertido masivamente en todo tipo de renovables, como Ignacio Galán, de Iberdrola.