Filtración: Los combustibles para calefacción y transporte pagarán derechos de emisión de CO2

Los combustibles de calefacción entrarán en el sistema de comercialización de emisiones europeo (ETS) Los combustibles de calefacción entrarán en el sistema de comercialización de emisiones europeo (ETS)

La filtración de un documento de la Comisión Europea (CE) sobre las medidas contenidas en el paquete para la reducción de emisiones de gases de invernadero cuya difusión está prevista hoy ha levantado una verdadera tormenta. Los combustibles para calefacción y transporte por carretera entrarán en el sistema de comercialización de emisiones de CO2, el famoso ETS. Los precios subirán y el efecto social será regresivo.

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¿Una descarbonización socialmente suicida?

Los chalecos amarillos nacieron originalmente como una protesta ante la subida de impuestos a los carburantes de transporte y calefacción
Los chalecos amarillos nacieron originalmente como una protesta ante la subida de impuestos a los carburantes de transporte y calefacción

El primer eje de controversia creado por el paquete de medidas se ha producido entre las organizaciones no gubernamentales, y algunos países del Este europeo por motivos antagónicos. También han despertado inquietud en Francia e Italia, por la ampliación del Mecanismo de Negociación Europeo (ETS, por sus siglas en inglés) de los derechos de carbono al combustible para calefacción y al transporte por carretera. El objetivo del paquete es allanar el camino para que el objetivo de una reducción de las emisiones de CO2 del 55% en el 2030 respecto de los niveles de 1990 sea viable.

La introducción de los combustibles para calefacción y transporte por carretera se alega en función de crear incentivos para un recorte de las emisiones en estos segmentos. Polonia y otros países de Europa del Este que utilizan de forma intensiva combustibles baratos y altos en emisiones para calefacción y transporte y, que por el nivel de ingresos de la población no están dispuestos a incrementar costes sobre un sector amplio de la población, es probable que se resistan al paquete de medidas.

Es significativo en este sentido que el Tribunal Constitucional polaco haya fallado ayer que las leyes nacionales están por encima de la legislación europea en caso de conflicto entre ambas en respuesta a una iniciativa planteada por el Gobierno, aunque la corte aplazó hasta el jueves la comunicación del fallo. La existencia de tendencias centrífugas en la UE es un riesgo para el cual el Brexit reducido el umbral de activación.

Por su parte en el Parlamento Europeo el eurodiputado francés Pascal Canfin declaró la semana pasada que extender la carga de los derechos de emisión a los combustibles de calefacción y transporte sería suicida, señalando que el intento de incrementar los combustibles en Francia desembocó en la movilización de los denominados chalecos amarillos.

Roma por su parte también teme una reacción social si se registra un fuerte incremento en el precio de esos combustibles. «Las decisiones de la CE en torno a la defensa del clima van tomando un derrotero arriesgado porque afectan a la población de menores recursos lo que supone el riesgo de que la reacción popular a la descarbonización haga descarrilar el proceso», señaló una fuente sindical europea a EU Green Deal News.

Protestas por los derechos asignados

Las ONG y asociaciones como Carbon Capture han criticado con dureza otra de las medidas que serán anunciadas.

De acuerdo con el borrador de documento que ha circulado por los medios con antelación a su difusión oficial, durante un periodo prolongado de tiempo convivirá la adjudicación gratuita de derechos de emisión a las industrias intensivas en energía y por lo tanto altamente contaminantes, como el acero y el cemento, con la introducción paulatina de una tasa en frontera a las importaciones que se base en la valoración de las emisiones generadas en la fabricación de los productos que entran al espacio común europeo.

Esta propuesta se ha denominado oficialmente como Mecanismo de Ajuste en Fronteras del Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) pero se aplicaría de forma gradual a partir de 2026. La consecuencia es que a partir de ese año el ritmo de reducción de la asignación gratuita de derechos a las industrias intensivas en energía sería del 10% anual lo que llevaría el proceso de retirada de los derechos de emisión gratuitos hasta el 2035 considerando que la primera reducción se hiciera en el 2026.

«Una CBAM que tolere la extensión de los derechos gratuitos hasta el 2036 sería peor que no tener ninguna Tasa en Frontera», declaró Agnese Ruggiero de Carbon Watch a Euractiv. La formulación de un periodo de gracia extenso para este régimen de adjudicación gratuita de derechos está directamente vinculada al temor por parte de la CE a que haya una fuga de carbono.

El término define a las empresas que se trasladan a territorios más tolerantes con las emisiones de gases de invernadero que la Unión Europea (UE). Pero la introducción del régimen de derechos para los combustibles que van a encarecer de forma inmediata la calefacción y el transporte, por oposición a la tolerancia para con las empresas intensivas en energía, va a crear en los hechos un principio de injusticia sobre un sector de la sociedad que va a desatar reacciones contra la política de descarbonización europea.

Forma «regresiva» y Fondo Social

Frans Timmersmans
Frans Timmersmans.

En su borrador la CE admite que el ETS es un forma regresiva de poner precio a las emisiones de CO2 porque afecta en mayor medida a los pobres que a los ricos.

Poner un precio al CO2 en el caso de los combustibles para calefacción «no afectará por igual a los hogares, por el contrario va a tener un efecto regresivo sobre las rentas disponibles, en la medida que los hogares de menores ingresos tendrán que gastar una proporción mayor de sus ingresos en calefacción», dice el documento de la Comisión en su análisis de coste beneficio de la Directiva revisada sobre el Mecanismo Europeo de Negociación.

La extensión va a tener «impactos sociales significativos que pueden afectar de forma desproporcionada a los hogares vulnerables, a las micro empresas y usuarios vulnerables de transporte que gastan una parte considerable de sus ingresos en energía y transporte y quienes, en ciertas regiones, no tienen acceso a soluciones de movilidad y transporte asumibles».

Ante el escenario que la propia CE describe el ejecutivo ha diseñado un fondo social para compensar a los hogares más pobres con el objetivo de ayudarlas a optar por combustibles más limpios.

Frans Timmermans, vice presidente primero de la CE y el Comisario a cargo de la transición energética, declaró el 9 de junio que la CE establecería un Fondo para asistir a las familias más necesitadas si sus gastos en calefacción aumentaban como resultado de la extensión del sistema de ETS.

De acuerdo con el borrador filtrado ampliamente, el nuevo fondo hará transferencias a los países miembros «para apoyar sus medidas e inversiones destinadas a incrementar la eficiencia energética de los edificios, para la renovación de edificios, y para descarbonizar la calefacción y refrigeración de los mismos, incluyendo la integración de energía de fuentes renovables y para financiar el transporte y la movilidad con emisiones cero o con bajas emisiones».

Las medidas deberían beneficiar a los hogares vulnerables, micro empresas y usuarios de transportes particularmente afectados por el cambio. Las acciones que se planifiquen deben ser incorporadas en los planes nacionales de energía y clima que son sometidos anualmente a la CE.

De acuerdo con el borrador el nuevo fondo se va a nutrir del 20% de los ingresos esperados por la extensión del ETS a edificios y transporte por carretera. El fondo recibirá un aporte inicial previsto en el año 2025, un año antes de que se lance el nuevo esquema de ETS diseñado. La controversia esta servida y el proceso de tramitación y eventual aprobación será tormentoso. Mientras tanto queda una pregunta en el aire: por qué esta secuela de filtraciones incesante.