Confidencial: nueva batalla Norte-Sur en la UE y nuevos países rebeldes en la AIE

Úrsula von der Leyen y Sánchez entran al Consejo Europeo. Úrsula von der Leyen y Sánchez entran al Consejo Europeo.

Aumentar el objetivo de descarbonización al 55% para 2030 vuelve a fracturar Europa. El problema: quién paga los costes. Hungría, Polonia y los países mediterráneos, incluido España, pueden llevar la peor parte. Bruselas prepara mientras tanto incorporar a partir de julio el gasóleo para calefacción y los combustibles de automoción al mecanismo de negociación de derechos de emisión. El impacto sobre el consumidor puede ser significativo.

Tabla de contenidos

Nuestra antena en Bruselas

Consejo Europeo
Consejo Europeo

Señala que el pasado viernes el intento de cerrar un documento para las jornadas de jefes de gobierno hoy y mañana en Bruselas sobre los objetivos de reducción de emisiones resultó sumamente conflictivo. A la hora de la verdad han surgido las discrepancias con la convocatoria del Consejo Europeo ya en curso. Todo parece indicar que una vez que ha bajado a tierra la decisión de la Comisión Europea (CE) de reducir las emisiones de CO2 para final de esta década en un 55% en vez 40% previsto antes, ha surgido con fuerza el problema de cómo se alcanza ese objetivo.

La CE habrá hecho sus números y tendrá algún modelo en su cabeza pero no lo ha hecho transparente y ahora lo que toca es ver cómo se cuadra ese objetivo entre los propios interesados, señala la fuente. Lo cual supone un debate entre naciones con intereses disímiles y en algunos casos contrapuestos. Algunos observadores del norte europeo señalan que el ajuste de objetivos va a crear conflictos entre las naciones más pobres y más dependientes de los combustibles fósiles.

Esa divisoria de aguas la colocan en el Este de Europa: Polonia y Hungría por ejemplo. Aunque también apuntan al eje del mediterráneo, a saber Portugal, España, Italia y Grecia, once again.

La cuestión de cómo se distribuyen las cargas de la descarbonización de la economía europea estará en el centro de la cuestión. Los asuntos que pueden dominar el tablero son los límites de emisiones que se deberán fijar a las industrias que están fuera del mecanismo de derechos de emisión de un lado, y la ampliación del mecanismo de derechos de emisión a algunas que no están contempladas hasta ahora, como el automóvil y la construcción.

Algunos embajadores ante la CE sugieren que Polonia llevará la batalla para obtener compensaciones hasta sus últimas consecuencias. Ocurre que los objetivos de descarbonización de la economía tienen consecuencias políticas, y estas pueden ser serias. El incremento del precio de los carburantes en países con fuerte dependencia de los combustibles fósiles en materia de calefacción y movilidad puede pasar una desagradable factura política en economías que se han resentido seriamente con la crisis desatada con ferocidad por la pandemia. Toca directamente al bolsillo de los votantes.

Por otro lado, en varios países los sectores industriales han reaccionado con energía a los mecanismos de traslado de precios vinculados a la transición energética.

La semana pasada Unesid se ocupó de dar difusión a la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y la propia UNESID (siderurgia).

La Alianza tiene por objetivo hacer frente al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) -que se encuentra a la espera de dictamen por el Consejo de Estado- y que traslada parte de los costes del consumidor residencial al industrial. La Alianza señala que puede agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro, que anotan ya se vio seriamente afectada con la anterior crisis. Este tipo de decisiones están teñidas fuertemente por elecciones políticas, señala una fuente del sector industrial.

La calidad del debate en Bruselas va a ser de ese tenor. Quién paga los costes.

Batería de medidas

Comisión Europea
Comisión Europea

Bruselas tiene prevista una batería de medidas que pueden no ser del agrado de todos. Pero las está acicalando de momento para presentarlas en sociedad en el mes de julio. En los círculos que se consideran bien informados se comenta que el mecanismo de negociación de derechos de emisión va a incorporar al gasóleo para calefacción y combustibles de coches. De ser así parte de los costes se van a trasladar al consumidor de forma directa. Si se tiene en cuenta que el precio de los derechos de emisión ha superado los 50€ la tonelada la semana pasada, el golpe puede ser significativo.

También se ventilará la cuestión de la tasa en frontera para el carbono a las importaciones, que tiene un fuerte apoyo por parte de los grandes grupos industriales europeos pero ya han levantado críticas entre los socios comerciales como Rusia y Turquía.

Se afirma que Bruselas va a incrementar objetivos renovables este verano y va a modificar la legislación de bosques para reforzar los sumideros de CO2 en Europa. Pero también en este territorio hay conflictos en los países en los que algunas plagas están dañando a los bosques y los gobiernos no saben muy bien como podrán hacer frente a los requisitos nuevos, en el caso de que se aprueben. Por ello afilan las garras a ver que ayudas compensatorias pueden obtener

Una cuestión central a debate es cómo se reparten los costes. De acuerdo con la legislación vigente, que asigna el reparto del 60% de los costes que entrañan los derechos de emisión, el mayor peso recae sobre los países más ricos y afecta en menor medida a los países con menos riqueza y producto interior bruto menos significativo. Es decir que sesga la carga hacia los países más ricos como contribuyentes preferenciales.

El asunto toca a la fibra nacionalista de los países ricos más pequeños como Holanda o Dinamarca que quieren que la CE arbitre modificaciones jurídicas que impidan que sean ellos los que soporten proporcionalmente el mayor peso de la transición.

Por otro lado referido al 40% del mecanismo de mercado de los derechos de emisión lo que está en debate es su ampliación a sectores que de momento no se encuentran afectados. De acuerdo con fuentes de medios diplomáticos Hungría se opone a la extensión del mecanismo de comercialización de los derechos de emisión, mientras que Polonia lo que exige es un apoyo económico para hacer frente a esa carga añadida para los países más dependientes de los combustibles fósiles.

Finalmente la modificación de las reglas del juego en materia de costes de transición para abordar una reducción drástica de las emisiones de CO2 tiene su cuello de botella en el Parlamento Europeo donde una modificación de la estructura de los costes para la preservación del clima con el fin de evitar el incremento de la temperatura de la atmósfera terrestre tiene que hacer frente al voto de los grupos políticos.

Esto quiere decir que las decisiones por arriba en el ejecutivo de la UE, es decir la CE, tienen tarde o temprano que pasar por el Consejo Europeo, es decir llegar a la instancia del debate con los jefes de gobierno de los países miembros; pero incluso en el caso de un acuerdo forzado allí todavía le quedará el tránsito por el Parlamento, lo cual pone de relieve que aun queda mucho camino por andar para materializar las decisiones de la CE, señala una fuente diplomática en Bruselas.

La AIE sigue levantando ampollas

Portada del informe de la AIE
Portada del informe de la AIE

Mientras esta batalla se inicia formalmente mañana, aun cuando ya el viernes los embajadores que negociaron el texto de un documento base para las discuciones se dieron de bruces con las reticencias cruzadas de los países, estamos recién en el comienzo del camino. Mientras los dos días de debates calientan motores, siguen las repercusiones del estudio presentado la pasada semana por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Japón de un lado y Australia por el otro, dos miembros notorios de la agencia, mostraron sus discrepancias con los anuncios hechos por el director ejecutivo Fatih Birol.

Tokio señaló que no puede deshacerse de las inversiones en combustibles fósiles. En el país ha crecido de forma significativa la resistencia a las centrales nucleares tras el accidente de Fukuyima, y el territorio, con una orografía muy accidentada, se presta mal a las energías renovables salvo las off shore.

Japón ha sido un miembro muy disciplinado de la AIE, pero esta vez se ha colocado en la acera de enfrente. Pese a ello la semana pasada firmó un compromiso del G7 en el que se establece el cese de las centrales térmicas internacionales accionadas por carbón, aunque nada se establece respecto del fin del carbón en el país.

Por su parte Australia ha dicho que no renuncia a la explotación de los combustibles fósiles y no está dispuesto a abandonar la explotación de carbón. El ministro de recursos naturales Keith Pitt señaló que en el pasado la AIE había tenido en cuenta la utilización del carbón, y que en lo que toca a su país, gas, carbón y petróleo son básicos en la mezcla energética del país.

Australia intenta impulsar el crecimiento económico a expensas de los gigantescos proyectos de gas natural en curso y hasta ahora se ha resistido a fijar objetivos para la reducción de emisiones. Veremos todavía muchas reacciones al cambio de posición de la AIE, el viraje ha sido muy radical y no todos los países están en condiciones de abordar una vía de desarrollo vinculada a la descarbonización de la economía. El modelo extractivo australiano es un claro ejemplo de los conflictos latentes en torno a la preservación del clima, señala un analista de un banco de negocios.

Las dudas de los grupos activistas

Protesta de «Rebelión por el Clima» en la sede de Repsol denunciando el greenwashing de la compañía el pasado diciembre
Protesta de «Rebelión por el Clima» en la sede de Repsol denunciando el greenwashing de la compañía el pasado diciembre

Algunas asociaciones ecologistas miran con cierta desconfianza a la gestión de la crisis del clima que hace la CE. La califican de oportunista. Y apuntan, respecto de la posible extensión del mecanismo de comercialización de los derechos de emisión a la industria del automóvil que esta puede ser una puerta falsa para brindar a esa industria la oportunidad de escapar de los límites de emisión nacionales impuestos al sector.

Sea así o no, alertan contra esa posibilidad. Los más suspicaces se preguntan hasta dónde las necesidades del sector industrial automotriz puede ejercer una presión exitosa sobre el cuerpo político europeo. Y si logrará que la vía de la dolorosa descarbonización se sustituya por un régimen de emisiones de CO2 que se pueda repercutir más fácilmente sobre los consumidores…