El empuje hacia las finanzas verdes exige un marco regulador claro

Iberdrola, Caixabank, el BIS… todas las semanas se anuncian emisiones de bonos verdes. Sin embargo, solo en Francia se han establecido parámetros sobre los que determinar qué es sostenible/renovable/verde sobre criterios objetivos compartidos de forma amplia. Nada impide a día de hoy que las adquisiciones potencien las emisiones. Una regulación contable que obligue a ser transparente en materia de emisiones y riesgos ambientales, tanto en la actividad directa de las corporaciones como en materia de inversiones de las empresas, bancos y fondos de inversión cotizados en bolsa, sería un instrumento útil para apalancar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero para ello hay que avanzar en un marco regulador claro.

Esta semana Iberdrola ha lanzado una emisión de bonos híbridos por 2.000 millones de euros que ha tenido una demanda por 10.000 millones. Se trata de un bono con dos tramos perpetuos pero que el emisor puede amortizar a los seis años el primero y a los nueve el segundo. Es decir que por sus características el bono computa como capital de acuerdo con las normas contables, al igual que la emisión verde de CaixaBank, 1.000 millones de euros en un bono a seis años de deuda senior que se puede cancelar a los 5 años.

Iberdrola ha especificado que el objetivo de los recursos es financiar los parques eólicos marinos de Saint Brieuc en Francia y el de Baltic Eagle en Alemania. Por su parte CaixaBank ha señalado escuetamente que tiene analizada una cartera de proyectos de energía renovable por 1.800 millones de euros y de 500 millones de euros en activos inmobiliarios con eficiencia energética suficiente como para encajar en los ODS de la entidad. Estos objetivos fueron verificados por Sustainalytics del grupo Morningstar en 2019.

Esto pone de relieve que un banco puede calificar como verde a un bono cuyos ingresos se utilicen para dar crédito a grupos inmobiliarios propietarios de viviendas bien aisladas sin romper el criterio de aquello que es energéticamente sostenible.

La actividad en los mercados financieros en materia de lo que se ha dado en denominar finanzas verdes ha crecido de forma exponencial desde la Conferencia del Clima de París de 2017. El auge incluye a los bancos centrales, al Banco de Pagos Internacionales, y las agencias reguladoras y supervisores. Las agencias de calificación de riesgos se han unido a este fervor, y Moody’s tiene como afiliada a Vigeo Eiris que tiene por objeto ser proveedor de soluciones en materia de asuntos sociales, de medio ambiente y gobernanza. Vigeo Eiris ha validado para Iberdrola el carácter verde de la emisión, y la aplicación de los fondos, por ejemplo. De acuerdo con los datos del Banco Central Europeo (BCE) desde 2015 el volumen de bonos verdes se ha multiplicado por siete alcanzando en 2020 los 75.000 millones de euros.

Vale la pena en este sentido citar las palabras de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el 21 de enero pasado:

La segunda dimensión en la que esperamos ver progresos es en una mayor información sobre la exposición de las empresas a escala individual. En la actualidad, la información sobre la sostenibilidad de los productos financieros -cuando existe- es inconsistente, mayormente imposible de comparar y a veces no fiable. Esto quiere decir que a los riesgos del clima no se les fija un precio adecuado, y que existe un riesgo sustancial de futuras correcciones agudas. Sin embargo para que una economía de mercado abierto asigne recursos de forma eficiente, el mecanismo de fijación de precios tiene que funcionar correctamente…

Christine Lagarde, 21 de enero

Lagarde pasa a insistir sobre la necesidad de una mayor información financiera y de riesgos más pormenorizada e insiste en la necesidad de reformar las normas contables de las empresas en un proceso de revisión ya abierto por la Comisión Europea (CE) en dos aspectos, las normas contables y en lo dispuesto por la Fuerza de Trabajo sobre Transparencia Financiera en Relación con el Clima. El Eurosistema ha presentado un documento muy crítico en la fase de consulta de los proyectos de directiva comunitaria sobre estas cuestiones.

¿Sólo propaganda?

¡Finanzas verdes! El término se ha convertido en una consigna del mundo financiero y corporativo que ha entrado de lleno en la fraseología de lo sostenible. Todos se han abrazado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, y cada cual ha escogido aquellos con los que puede identificar su actividad centralmente. Pareciera a simple vista que la vieja frase acuñada en Roma, pecunia non olet, ha pasado a la historia.

Mientras tanto vale la pena recordar que, día si día no, el sector financiero paga fuertes multas por violar la normativa sobre blanqueo de dinero o las normas de consumo que protegen a la clientela. De momento los reguladores se han abstenido de establecer cualquier tipo de indicación que pueda inclinar la balanza en favor de las finanzas verdes. Por ejemplo incluirlas con claridad entre los instrumentos que ponderan menos en la determinación de los requisitos de capital. Esto implica además que no se han establecido parámetros con los que determinar qué es sostenible/renovable/verde sobre criterios objetivos compartidos de forma amplia. Queda librado al criterio de cada emisor la esencia de sus objetivos de inversión.

No se han establecido parámetros sobre los que determinar qué es sostenible/renovable/verde sobre criterios objetivos compartidos de forma amplia. Nada impide a día de hoy que las adquisiciones potencien las emisiones.

El primer país que ha establecido una normativa que obliga a los inversores institucionales a declarar no sólo cómo integran los objetivos sociales, de medio ambiente y gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en general en sus políticas de inversión -y la gestión de ese riesgo- sino además cómo se incorporan específicamente sus consideraciones sobre cambio climático en su estrategia, ha sido Francia. Este objetivo fue incorporado en 2016 en el artículo 173 de la Ley de Transición energética para un crecimiento verde.

La idea adoptada por los reguladores es que en la medida que las agencias de calificación de riesgos y los inversores puedan poner un precio justo al riesgo de los instrumentos financieros destinados a proyectos para el medio ambiente, estos van a pasar a formar parte de manera creciente de los activos en las carteras de inversión de bancos y fondos.

La semana pasada el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) lanzó un fondo abierto en euros que tiene como antecedente otro fondo denominado en dólares lanzado en 2019. El objetivo del BIS es que ambos fondos gestionen en torno a los 2.000 millones de dólares en activos de alta calidad para promover las finanzas verdes a través de significativas inversiones en proyectos amistosos con el clima y apoyar la adopción de las mejores prácticas de mercado para dar profundidad al mercado de bonos verdes.

El BIS, una organización que agrupa los bancos centrales del mundo, forma parte de la Red de Bancos Centrales y Supervisores para hacer Verde al Sistema Financiero (NGFS por sus siglas en inglés), creada en diciembre de 2017 en paralelo a la Conferencia del Clima de París. Por su parte el BCE tiene en su cartera un volumen muy importante de bonos verdes. Hace dos años el 25% del total de los activos elegibles oficiales de este tipo estaba en sus manos. En cuanto a las corporaciones los bonos verdes en poder del BCE rondan al menos el 20% del total emitido.

El BCE aplica a estas inversiones un principio de neutralidad, es decir que los adquiere porque tienen la calificación necesaria como para entrar dentro de su programa de compra de activos, y no porque sean verdes, afirman sus portavoces. Los reguladores señalan que sesgar los requisitos de capital para hacer menos intensivos a los activos verdes puede ayudar a crear una burbuja peligrosa en los mercados. No parece una fantasía a tenor de lo que ocurre con algunos valores en el mercado vinculados a la movilidad sostenible. Esto sin embargo no impide que las adquisiciones potencien las emisiones. Como va de suyo tanto el BCE como el BIS pueden ser compradores de los bonos emitidos por las corporaciones y bancos españoles y los inversores institucionales que entren en esos productos saben que los bancos centrales les darán liquidez a cambio de ellos si lo necesitan. Mientras tanto no hay nada más atractivo desde el punto de vista publicitario para las entidades financieras, los fondos de inversión, y las corporaciones que hacerse los verdes.

No sólo está de moda, sino que en medio de la peor crisis del capital desde el crack de 1929 la UE aspira a que el camino de la recuperación sea bajo los estímulos de la inversión pública, los subsidios, las ayudas y los créditos blandos que tienen el foco puesto sobre las energías renovables y la digitalización de las economías europeas. El resto, ya se verá.

Para el gobierno español todo parece indicar que mientras lleguen recursos para pagar los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) todo está bien, hasta una PAC que no contempla los intereses de España. Desde luego una regulación contable que obligue a ser transparente en materia de emisiones y riesgos ambientales, tanto en la actividad directa de las corporaciones como en materia de inversiones de las empresas, bancos y fondos de inversión cotizados en bolsa, sería un instrumento útil para apalancar los objetivos de reducción de emisiones de gases de invernadero a la atmósfera. Pero para ello hay que avanzar en un marco regulador claro.