Iberdrola: fondo activista pone en jaque la “omertá institucional”

John Streur, presidente ejecutivo de Calvert, fondo activista en Iberdrola John Streur, presidente ejecutivo de Calvert, fondo activista en Iberdrola

El fondo activista Calvert ha anunciado su voto en contra de ratificar la gestión y actuación del consejo de Iberdrola en el 2020 y se opondrá a la renovación en el cargo de los consejeros Gómez Serna y Martínez Córcoles. Esto supone un tiro por elevación contra el presidente y consejero delegado de la sociedad, José Ignacio Sánchez Galán. En cuanto al Plan de Acción Climática de la eléctrica el fondo se abstendrá.

Calvert Research and Management es una gestora de fondos que ha hecho gala desde su fundación en 1976 de seleccionar los objetivos de inversión desde un punto de vista respetuoso con el medio ambiente. Desde hace muchos años ha asumido los principios relacionados con el medio ambiente, la responsabilidad social y la gobernanza (ESG).

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Nubes sobre Iberdrola tras la experiencia de Exxon y el caso Villarejo

En la próxima junta votará en contra de ratificar la gestión y actuación del consejo de Iberdrola en el 2020. Tampoco dará su voto para ratificar en su cargo a los ejecutivos Juan Manuel González Serna y Francisco Martínez Córcoles. En cuanto al Plan de Acción Climática de la eléctrica el fondo se abstendrá.

La cuidadosa redacción del voto de Calvert indica que el fondo pretenden dar un mensaje duro no solo al consejo y su presidente, sino también a los accionistas.

Es un incidente pequeño porque la gestora tiene una participación exigua repartida entre diversos fondos de la marca Calvert. En total su participación es del 0,04% equivalente a poco más de 27 millones de euros. Ocurre sin embargo que tras la experiencia de ExxonMobil en la cual un fondo activista obtuvo la designación de tres cargos en el consejo de la petrolera, porque logró el apoyo de accionistas de referencia, ya no hay enemigos pequeños.

La semana pasada la proxy Glass Lewis dio su nihil obstat a Iberdrola con otros criterios sobre sus propuestas para la Junta de Accionistas que se celebra el 17 de junio, lo que no obstó para que la empresa que asesora a los accionistas institucionales de las grandes corporaciones sobre su voto en las juntas de accionistas haya advertido que, en relación con el proceso judicial abierto en el denominado caso Tándem en el que se procesa al comisario Jose Manuel Villarejo por su actividad de espionaje, los accionistas deberían estar preocupados con el daño reputacional que las investigaciones han causado a la empresa.

Calvert, que forma parte del grupo Eaton Vance, adquirido a su turno recientemente por el banco de negocios Morgan Stanley, ha decidido preocuparse y actuar en consecuencia.

Institutional Shareholder Services (ISS) que ofrece servicios de mitigación de riesgos ESG a accionistas institucionales y es propiedad de Deutsche Börse se ha posicionado de forma similar a Glass Lewis, sin poner reparos a la próxima junta pero señalando que una complicación judicial mayor los llevaría a cambiar de opinión.

Esta evolución supone una lenta pero persistente acumulación de nubes en el entorno del consejo de Iberdrola dos de cuyos ejecutivos podrían ser imputados en el caso Villarejo mientras circula la versión de que el presidente de la sociedad, también podría ser imputado según publicó El Confidencial en su sección Cotizalia.

Calvert ve «severas controversias ESG» en Iberdrola

Los fondos de Calvert con participación en el capital de Iberdrola -en total cuatro- votarán en contra de la gestión del consejo en el punto cuarto de las propuestas al considerar que «Los riesgos significativos para los accionistas surgidos de las severas controversias ESG que han sido identificados en la compañía, que reflejan un fracaso por parte del consejo y los gestores ejecutivos de salvaguardar con eficiencia y gestionar riesgos materiales de medio ambiente, sociales y de gobernanza».

Por ello, argumentan que,

no dar el voto positivo para la gestión de los miembros del consejo debe ser entendido como el envío de un fuerte mensaje al consejo sobre la necesidad de supervisar de forma más efectiva la gestión de los riesgos ESG para la compañía y sus accionistas, así como permitir a los accionistas desarrollar acciones legales por, entre otros tópicos, una supervisión inadecuada de la exposición a los riesgos ESG.

Calvert Research and Management

Los siguientes puntos sometidos a votación que recibirán el rechazo de Calvert son el número 20 y 21 en los cuales se propone la reelección de Juan Manuel González Serna y Francisco Martínez Córcoles cuyo mandato expira por haber sido elegidos en 2017.

El argumento de los fondos está construido con frases elaboradas para que constituyan expresamente un tiro por elevación contra el presidente y consejero delegado de la sociedad, José Ignacio Sánchez Galán.

Los fondos entienden que en la medida que el cargo de presidente consejero delegado no está sujeto a renovación en esta junta y «dado que es a él a quien corresponde la mayor responsabilidad» encuentran «controversias» en torno a los asuntos ESG. Todos los miembros del consejo con excepción del nuevo designado Ángel Jesús Acebes Paniagua, deben quedar sujetos a una rendición de cuentas por la pobre supervisión y gestión de los riesgos ESG a los que está expuesta la firma.

Es decir que los dos cargos sujetos a renovación, González Serna y Martínez Córcoles, reciben el voto en contra del que son merecedores todos los miembros del consejo, pero en especial el presidente consejero delegado Sánchez Galán.

Galán en la Junta de accionistas de Iberdola de 2019
Galán en la Junta de accionistas de Iberdola de 2019

La condena, por más alambicado que sea el lenguaje en el que está formulada, es expresa. Sólo se libra quien no estaba en el consejo y resulta promovido en esta junta de accionistas. La argumentación se repite dos veces, una bajo cada uno de los nombres que recibirán el voto en contra.

A nadie se le escapa que la opinión de Calvert rompe con las contemplaciones de las empresas de servicios a los accionistas Glass Lewis e ISS. Éstas por su parte prefieren ver cómo evolucionan los acontecimientos antes de ir al choque con Sánchez Galán, porque finalmente de lo que viven es del consenso entre sociedades y accionistas.

Por último los fondos gestionados por Calvert se abstendrán respecto del marco informativo que se propone en el punto 27 porque es «ambiguo y no verificado».

Calvert considera que «los accionistas requieren un alto nivel de conocimiento del impacto del clima en la singular estrategia de negocio y operaciones de la compañía para evaluar de forma efectiva su plan de transición climática».

Y muestra su preocupación porque propuestas tengan «el efecto no deseado de impedir la influencia de los accionistas sobre las políticas de cambio climático de una compañía si se ejecutan de forma prematura». Lo que equivale a considerar que el marco informativo no es lo suficientemente transparente.

La forma alambicada en la que están construidas las frases habla a las claras de la redacción cuidadosa de los abogados del fondo que pretenden llevar un mensaje duro no solo al consejo y su presidente, sino además a los accionistas.

… y busca la complicidad de BlackRock y Norges Bank

Calvert es consciente de que la dimensión de su inversión no es suficiente como para torcer el brazo del consejo de la sociedad, pero en ese sentido su mirada está puesta en la potencial reacción de BlackRock y Norges Bank.

Vulnerar los principios ESG puede provocar la retirada de inversores y de los impositores. Calvert estaría velando por sus clientes para evitar daños a su gestión en caso de un «accidente judicial»

El problema que se crea con el quebrantamiento de la gobernanza para los fondos de inversión que atraen recursos sobre la base de sus criterios de sostenibilidad y principios ESG es que sus impositores le den la espalda y retiren sus inversiones si surge un escándalo en una sociedasd cotizada en la que el fondo tenga una participación.

Este es uno de los motivos por los cuales Calvert ha tomado la decisión de asumir el enfrentamiento con el consejo de Iberdrola, y de forma indirecta con su presidente en particular. Está velando por los recursos de sus clientes para evitar la retirada de dinero en gestión en caso de un «accidente» judicial.

Mientras tanto Sánchez Galán que es la figura más importante del sector de la energía en España. Esta semana ha roto una lanza en favor de los intereses eléctricos frente a los planes del Gobierno. El ejecutivo tiene en desarrollo un proyecto de ley para reducir los ingresos extraordinarios que supone el alto precio de los derechos de emisión en el caso de las infraestructuras que considera amortizadas.

El proyecto del gobierno es detraer parte de esos beneficios de una forma que todavía no ha aclarado.

El presidente de Iberdrola ha señalado al respecto que las infraestructuras anteriores a 2005 que no emiten CO2, es decir nucleares, hidráulicas y eólicas, no están amortizadas. Este es el argumento con el cual el ministerio para la Transición Ecológica ha defendido su proyecto.

La ministra Teresa Ribera argumenta que esas infraestructuras están amortizadas y que por tanto los derechos que reciben por ellas son beneficios extraordinarios. Una argumentación débil y poco eficaz porque en el fondo lo que cuenta es el mecanismo de la subasta eléctrica en la cual el precio se fija por el kilovatio más caro. Y Ribera ya ha dicho que ese mecanismo se queda como está.