Choque entre las eléctricas y el Gobierno

Presa de Ricabayo en Zamora, gestionada por Iberdrola Presa de Ricabayo en Zamora, gestionada por Iberdrola

El pulso entre las compañías eléctricas y el Gobierno se hizo patente cuando Iberdrola decidió vaciar uno de sus embalses en el mes de agosto en pleno pico de tarifas. El ejecutivo intenta contener las ambiciones de las eléctricas… con pocos resultados. El Real Decreto que modifica la Ley de Aguas evidencia el descontrol oficial sobre la gestión que las eléctricas hacen de los embalses. Por otro lado, la amenaza de cierre de las centrales nucleares está fuera de lugar, hay beneficios extraordinarios por derechos de emisión sobre un parque ya amortizado. Los argumentos del gobierno son buenos, pero el sector eléctrico está acostumbrado a ganar.

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Las aguas bajan turbias… Iberdrola en Zamora

El Real Decreto ley 17/2021 de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad aprobado en Consejo de Ministros el 15 de septiembre, es un cajón de sastre que incluye una modificación del artículo 55.2 de la Ley de Aguas de 2001.

El parche viene a intentar resolver huecos poco comprensibles, a no ser por la sumisión incondicional al arbitrio de las compañías eléctricas que ha caracterizado a la política económica y legislación españolas. Que se venga a poner un límite al régimen mínimo y máximo de caudales medios mensuales a desembalsar, un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes, y una reserva mensual mínima almacenada en los embalses y se tenga en cuenta para ello la protección de la fauna y la flora de los mismos recién a estas alturas, con embalses que datan de los años 20 del siglo pasado, es cuando menos una evidencia del descontrol oficial sobre la gestión que hacen de los embalses los concesionarios de los mismos.

Presa de Ricobayo en Zamora, gestionada por Iberdrola

La alarma saltó a mediados de agosto cuando la prensa comenzó a ventilar el caso del pantano de Ricobayo en la provincia de Zamora, tras denuncias de asociaciones y funcionarios municipales asegurando que la empresa Iberdrola había vaciado el pantano hasta niveles sin precedentes.

Iberdrola argumentó a los medios que la consultaron que esta no era una acción sin precedentes y afirmó que en los últimos 25 años se había reducido el nivel de las aguas hasta la misma cota en ocho oportunidades. EU Green Deal News intentó corroborar estas declaraciones y se puso en contacto con la secretaría de la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a cuya red está unido el embalse señalado que forma parte del sistema del río Esla. La secretaría derivó la consulta a la Dirección Técnica de la CHD porque carecía del dato.

Una fuente de la Dirección Técnica de la CHD afirmó que carecía del dato porque no era una información que la dirección técnica alimentara a la base de datos de la CHD. En este sentido señaló que la gestión del embalse estaba en manos de Iberdrola. Dijo que quien debería tener el dato es la «Comisaría de Aguas» y que si enviábamos un correo electrónico la DT se ocuparía de hacerlo llegar a donde correspondía.

El correo se remitió el 14 de septiembre. Finalmente el viernes 17 de septiembre la fuente en la CHD dijo haber remitido a su turno ese correo no a Comisaría, sino al departamento de prensa para que gestione una respuesta.

¿Esto quiere decir que la CHD no dispone de la serie histórica del porcentaje de agua embalsada respecto a la capacidad del embalse? ¿O simplemente que no la quiere dar? En los datos de la CHD en tiempo real en su web el 12 de septiembre el porcentaje de agua embalsada en el sistema del Esla (Ricobayo) era del 10,6% del total. Al menos desde el 17 de septiembre el dato no está disponible.

Estructuras amortizadas: La concesión de Iberdrola data de 1926

Hay que tener en cuenta que la construcción de las grandes presas no es reciente, y que la edificación de la presa del escándalo de este verano se inició en 1929. La concesión inicial a la Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos data de 1926.

Pero los estudios del aprovechamiento de los Saltos del Duero son de comienzos del siglo XX. Las sucesivas transformaciones societarias de los titulares de la concesión -como es el caso de Iberduero- dejaron finalmente en manos de Iberdrola la concesión. Es en esencia un caso único de longevidad en la explotación de un recurso público.

Mientras tanto, llama la atención que el BOE pretenda «destacar como innovación que se procurará que la explotación racional resulte compatible con el desarrollo de las actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños, siempre en el marco del orden de preferencia de usos que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente».

Las cesiones sin límites hechas a la explotación privada de los recursos hídricos no ha llevado a nadie a sonrojarse, al extremo que a casi 100 años de inaugurada la presa el interés social y el económico de los municipios ribereños parece que jamás había sido tenido en cuenta.

Iberdrola esquivó las denuncias periodísticas con un juego de cintura habitual en los ejecutivos de esa empresa que llevan corbata verde quizá en señal de duelo por el medio ambiente. Y tuvo además la arrogancia de negarse a contestar a las preguntas del equipo de producción de «El Intermedio», programa de La Sexta a cuyo mando está el Gran Wyoming.

En las subastas en las que se vendió la energía generada en Ricobayo la oferta de electricidad por parte de Iberdrola se colocó a un precio infinitamente superior a sus costes de generación

El efecto del reportaje hecho por la periodista del programa Andrea Ropero tuvo un impacto fulminante en la opinión pública, y eso acabó con los juegos de cintura. El impacto determinó que la empresa solicitara derecho de réplica y su director de generación hidroeléctrica, Alejandro Román, fue entrevistado un día después del programa que dejó a la empresa en precario. Román dijo que no era la primera vez que se vaciaba la presa y que si se había hecho fue en el afán de ofertar energía eléctrica a un precio más bajo que la generada por otras fuentes más caras.

Es decir que Iberdrola lo había hecho en beneficio de los consumidores. No es la opinión de otros técnicos. Las fuentes consultadas por Eugreendeal.news señalan que: «en las subastas en las que se vendió la energía generada en Ricobayo la oferta de electricidad por parte de Iberdrola se colocó levemente por debajo de otras fuentes más caras, pero a un precio infinitamente superior a sus costes de generación el presunto ahorro para los consumidores es una patraña».

Aviso a las eléctricas: «La empatía social cotiza en bolsa»

La ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera en una comparecencia en el Congreso a principios de este mes señaló que las compañías eléctricas habían demostrado escasa «empatía social» con el vaciado de las presas para generar electricidad en un momento en el que el precio de la energía estaba en máximos históricos.

Señaló también que la «empatía social cotiza» en bolsa. Se trata de una alusión a que los inversores buscan destinos socialmente responsables para sus recursos. No está claro que eso sea así. Por añadidura apelar a la regulación indirecta por la vía del castigo del mercado es una forma de renunciar a la propia capacidad de intervención.

La electricidad es una energía indispensable y su generación y distribución es un servicio público cedido en régimen de explotación a empresas privadas. Pero no hay nada que autorice a las empresas concesionarias a colocarse por encima del Estado, quien es el adjudicador del derecho de explotación.

Las amenazas de cierre de las plantas de generación nuclear hechas por el Foro Nuclear, que agrupa a las eléctricas propietarias de centrales nucleares es precisamente un ejercicio de poder en el que se pretende echar un pulso contra quien hace la concesión. Una tradición secular del sector.

La industria nuclear «rechaza al proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Para Foro Nuclear este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear. Por otra parte, el Real Decreto-ley aprobado en el último Consejo de Ministros, aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear.

El proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, en los términos en los que está planteado, unido a la excesiva presión fiscal actual, abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear.

En el caso de que este proyecto de Ley se aprobase y entrase en vigor, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual. De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas. «De haber estado en vigor este proyecto de Ley, no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de nuestras centrales», señaló el Foro Nuclear.

En su argumentación el sector señala que «Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional».

El argumento es risible. El parque nuclear es muy anterior a la incorporación del régimen de derechos de emisión en Europa, y las inversiones hechas para su instalación, que es de lo que se trata, no implicaron el cálculo de costes de estos derechos para estimar la rentabilidad y amortización de sus costes de inversión.

Es cierto el argumento del Gobierno de que hay beneficios sobrevenidos sobre un parque amortizado por el incremento en coste de los derechos de emisión a los que no tiene que recurrir la industria nuclear.

Una cuestión de principios

En cualquier caso es necesario tener en cuenta que para el sector eléctrico esta es una batalla de principios y no necesariamente de dinero.

Las medidas del Gobierno son tímidamente tibias si no de un frío moderado, tirando a templado. Afectan escasamente a la delgada capa superior de la gorda espuma imparable de sus beneficios. Como bien dijo el presidente del gobierno Pedro Sánchez «se lo pueden permitir».

El encono en la defensa de sus intereses tiene en su base la necesidad de no ceder ante una amenaza a la presunta soberanía sobre sus decisiones por parte del sector, que es la forma en que este niega su carácter de concesionario obligado a las normas que el adjudicador dicte.

Es su forma de colocarse por encima de los intereses del Estado, un juego al que está tan habituado que ya hasta ha olvidado que vive de explotar un servicio público. No le gusta que se lo recuerden.

Para dar un ejemplo, la concesión de Ricobayo debía revertir al estado en 2010. Pero fue el gobierno de Felipe González el que extendió su plazo de explotación hasta el 2040 sobre la base de una nueva inversión para ampliar su capacidad de generación.

Poca transparencia, prórrogas aprobadas sin conocimiento público, pagos por canon de uso del agua que no son de consulta pública. Está claro que es la debilidad del estado en la defensa de su propia soberanía, indisolublemente ligada en el papel al interés general, lo que permite que esta situación se consolide. Como todo nudo gordiano sólo lo resolverá quien lo corte.