Cómo cultivar una decepción: Macron y la “Loi Climat”

Una Convención Ciudadana, grupos de trabajo, audiencias parlamentarias… la Ley del Clima francesa aparentemente ha sido el resultado de un inédito y ejemplar proceso participativo documentado y publicitado hasta la extenuación. Y sin embargo, esta semana, tan pronto se ha presentado el proyecto de ley, han llovido las críticas. Contra las medidas y contra el Presidente Macron.

La Convención Ciudadana por el Clima

En octubre de 2018 estalló el movimiento de los chalecos amarillos, una protesta que durante meses centró la vida política francesa y dejó muy tocado al gobierno de Macron. El movimiento surgió como reacción a las subidas de combustible derivadas de la aplicación de un impuesto a la emisiones de CO2. Lo que se suponía era una medida progresista que se adelantaba a las regulaciones europeas más ambiciosas para la lucha contra el cambio climático, se convirtió en una revuelta tan problemática que dejó al Presidente francés bloqueado y le llevó a convocar a todo tipo de expertos para que le ayudaran a entender lo que parecía una inexplicable resurrección de la lucha de clases.

Intentando recuperar la iniciativa, el 25 de abril de 2019, en una estrategia que muchos calificaron de populista, Macron anunció el inicio de un ejercicio democrático sin precedentes convocando la Convention citoyenne pour le climat (Convención Ciudadana por el Clima): 150 personas elegidas al azar que se suponía formaban una muestra representativa de la sociedad francesa por edad, sexo, lugar de residencia, categoría profesional y estudios. El objetivo de la Convención: proponer medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% sin empobrecer a las amplias capas sociales que los chalecos amarillos habían visibilizado. El resultado, prometió Macron, se convertiría en la futura ley del clima (Loi climat et Résilience).

El 21 de junio de 2020, 149 propuestas fueron presentadas al Presidente de la República. Aceptó 146. A continuación el texto fue enviado al Consejo de Estado, al Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE) y al Consejo Nacional de la Transición Ecológica (CNTE). También tuvieron lugar reuniones temáticas con parlamentarios, autoridades locales, empresas, sindicatos y ONGs para compartir las propuestas. En diciembre hubo otro encuentro entre el Presidente y la Convención. El miércoles 10 de febrero fue examinada y presentada en Consejo de Ministros y ahora pasará a ser analizada por varias comisiones parlamentarias antes de ser discutida y votada en la Asamblea Nacional, lo que sucederá previsiblemente en marzo. Muchos se preguntan ahora qué ha pasado durante estos meses para que apenas presentada le lluevan las críticas.

Palabra de Presidente

Caricatura de Macron con la que Reporterre abría su crítica a la Loi Climat

Dos días antes de la llegada del texto al Consejo de Ministros 110 organizaciones ecologistas y sociales enviaron una carta abierta al gobierno y al Parlamento denunciando la falta de ambición del proyecto de ley y subrayando que lo que establece es una invitación a cambiar ciertas prácticas cuando lo que hace falta es la intervención del Estado. La carta ha tenido mucha repercusión. Los ecologistas, no son las únicas voces críticas.

Tan pronto como se publicaron las propuestas de la convención, los principales sectores industriales involucrados (automóvil, aeronáutica, agroquímicos, publicidad) lanzaron una gran ofensiva de cabildeo para lograr su desmantelamiento.

Observatoire des multinationales

El Consejo Nacional para la Transición Ecológica expresó, en un aviso oficial el 26 de enero, su preocupación por la insuficiente reducción de emisiones inducida por esta ley. Un día después fue el Consejo Económico, Social y Medioambiental el que advertía que las medidas incluidas en el proyecto de ley son en general pertinentes, pero en muchos casos quedan limitadas, diferidas o sujetas a condiciones tales que su implementación en un futuro cercano es incierta.

Y es que aunque el compromiso de reducción de emisiones del 40% para 2030 (con respecto a 1990), ya quedaba 15 puntos por debajo del nivel de compromiso establecido en la UE, el estudio de impacto que acompaña al proyecto de ley reconoce que las medidas establecidas no permitirán alcancar siquiera ese 40%. Según otra carta abierta escrita por Matthieu Orphelin, diputado de la Asamblea Nacional, ingeniero ambiental, y ex-miembro de La République en marche, con esta Ley, salvo algún error de cálculo, Francia llegaría a emitir un 21,9 % menos que en 1990.

Pero la crítica que ha levantado más ampollas es la del Observatorio de Multinacionales en su informe del 8 de enero, según el cual el proyecto de ley es solo un pálido reflejo de las propuestas hechas por la Convención porque los intereses industriales han hecho todo lo posible para vaciarlo de toda ambición.

Ya no creemos al Macron verde, pero de cara a las elecciones presidenciales de 2022, le da igual. Ha iniciado claramente un giro a la derecha y no se dirige al mismo electorado.

Alma Dufour, de Amigos de la Tierra

El informe destaca el alcance que los intermediarios del sector privado tienen dentro de los ministerios y las instituciones públicas y señala la financiación a determinados think tanks encargados de proporcionar argumentos técnicos aparentemente objetivos.

Reporterre, uno de los medios ecologistas más respetados en Francia, ha escrito un duro artículo en el que acusa Macron de haber utilizado la Convención Ciudadana para ganar tiempo y desviar la atención, manteniendo entretenidos tanto a los chalecos amarillos como a los ecologistas durante años, en una gran campaña de marketing para sí mismo. Las distintas voces del mundo ecologista que aparecen en el artículo repiten su profunda decepción y afirman sentirse engañados por el Presidente, del que sospechan que nunca quiso hacer nada por el clima.

No obstante, los citados en el artículo afirman, como lado positivo, que la Convención Ciudadana ha servido para ver donde estaban los obstáculos y además, que el carácter ciudadano de la Convención es un símbolo de que la ecología está ganando la batalla cultural.

¿Qué ha quedado de las propuestas originales?

El proyecto de ley está compuesto por 65 artículos, divididos en 6 capítulos que implementan las propuestas de la Convención. Algunas de sus propuestas más emblemáticas son:

  • Consumo: La medida estrella es la implementación de un marcador de CO2 para mostrar el impacto en el clima de todo tipo de bienes y servicios o una nueva regulación de la publicidad que la limita según las emisiones asociadas o directamente la prohíbe, como en el caso de los combustibles fósiles.
  • Producción y trabajo: Medidas para ecologizar la economía, adaptar los trabajos del mañana a la transición ecológica y promover las energías renovables por y para todos.
  • Movilidad: Medidas para reducir el uso de los vehículos privados, como el establecimiento de Zonas de Baja Emisión (ZFE) en las grandes ciudades de Francia o la prohibición de vuelos domésticos cuando existe una alternativa menos contaminante de menos de 2 horas y media;
  • Vivienda: Medidas estructurales para la rehabilitación de edificios como la prohibición de los cerramientos sin ruptura de puente térmico, así como medidas concretas sobre el uso de los suelos que obligarán a replantear la mayoría de los planes urbanísticos.
  • Alimentación: Productos de calidad para todos a través de menús vegetarianos en comedores o la obligación para los hosteleros de utilizar al menos un 50% de productos sostenibles, así como apoyo a los agricultores para su paso al cultivo ecológico.
  • Protección judicial del medio ambiente: Aumento de las sanciones en caso de daño ambiental.

Aunque todavía no ha terminado el proceso, estas medidas parecen haber sobrevivido pues están publicadas por el Ministerio de Transición Ecológica el 21 de enero. Se han quedado por el camino, sin embargo, la introducción de la condicionalidad ecológica para los rescates públicos y la prohibición de financiar nuevas explotaciones ganaderas agroindustriales. Otras medidas se han debilitado: la obligación para los propietarios y arrendadores de hacer determinadas renovaciones ahora solo afecta a los arrendadores y no especifica los objetivos de eficiencia energética requeridos; o la prohibición de vuelos domésticos que se pueden completar en tren, que ha pasado de un máximo de cuatro horas (para la alternativa en tren) a dos horas y media, y soporta amplias excepciones; las prohibiciones para la publicidad también eran originalmente mucho más extensas.

La polémica del proyecto de ley coincide además con el último acto de una campaña iniciada por cuatro organizaciones ecologistas en 2018, que recogió dos millones de firmas en un mes para demandar al estado por su inacción en la lucha contra el calentamiento global.

El pasado 3 de febrero el Tribunal Administrativo de París reconoció la culpa del Estado. Un hecho que no pasará de simbólico pero que da fuerza a las voces ecologistas.

El siguiente episodio será el dictamen del Consejo Superior del Clima, un organismo independiente… creado también por Macron, que evaluará el proyecto antes del 25 de febrero.