México: “Ley de la Industria Eléctrica” afecta de lleno a las reglas de juego

Ley de la industria eléctrica AMLO

La cámara baja de México aprobó el proyecto de la Ley de la Industria Eléctrica enviado al Congreso por el presidente Manuel López Obrador que modifica las reglas de juego para el sector eléctrico. El texto fue aprobado por 289 a 152 tras 16 horas de debate. El partido en el Gobierno, Morena, libra una lucha prolongada contra la liberalización del sector eléctrico llevada adelante en el país por una reforma de 2013. López Obrador ya intervino en el pasado reciente en torno a las tarifas de los gasoductos en un incidente que se zanjó con un nuevo acuerdo de precios. Iberdrola México se ve afectada.

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Iberdrola México y Naturgy frente a la Ley de la Industria Eléctrica

Fuentes del sector eléctrico señalan que las medidas de fondo en la Ley de la Industria Eléctrica afectarán a las inversiones privadas en energía, en particular a las renovables. El cambio legal afecta en particular a la española Iberdrola México que inició sus operaciones en el país en 1999 y cuyo plan de inversión 2019-2025 en ese país suponía 5.000 millones de dólares.

El año pasado Iberdrola México canceló un proyecto de 1.200 millones de dólares por conflictos con el regulador en un ciclo combinado en Veracruz.

Para Iberdrola los ingresos procedentes de Iberdrola México suponen el 8% del total del grupo. La potencia instalada por la compañía suman 1.314 MW instalados en renovables y 9.348 MW en su mayor parte procedentes de ciclos combinados de gas.

Sin embargo una fuente de Naturgy consultada por eugreendeal.news señaló que a esa empresa española, con fuertes inversiones en México, la medida no le afectaba porque sólo tenemos cogeneración y la Ley de la Industria Eléctrica perjudica a las renovables.

El proceso legislativo de la Ley de la Industria Eléctrica

Ley de la industria eléctrica
Banner de la senadora Marcela Guerra

Tras aprobar el encabezado de la Ley de la Industria Eléctrica el gran número de enmiendas propuestas extendió el debate más de 16 horas y contó con el voto en contra del principal grupo opositor, el Partido Acción Nacional, de acuerdo con el cual los cambios van a incrementar los costes de generación y las tarifas eléctricas.

Los críticos señalan que los cambios jurídicos van a otorgar prerrogativas a la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) quien además de regular al sector es la empresa estatal de generación eléctrica. Las organizaciones defensoras del medio ambiente han señalado que la ley va a dar prioridad a la generación con combustibles fósiles y va a relegar a la generación renovable.

El proyecto de Ley de la Industria Eléctrica debe pasar por el Senado, pero de acuerdo con el líder de la mayoría del senado, Ricardo Monreal, el proyecto recibirá la aprobación de la cámara alta y se convertirá en ley.

El trasfondo de la Ley de la Industria Eléctrica

La batalla entre el sector eléctrico y los inversores extranjeros involucrados en él no es una novedad y ya ha dado pie a enfrentamientos judiciales.

El año pasado el Gobierno resolvió paralizar la puesta en marcha de 44 proyectos eólicos y solares que debían entrar en funcionamiento entre 2020 y 2021. El argumento del gobierno fue que la caída en la demanda de energía eléctrica a causa de la pandemia de Covid-19 requería una sistema más fiable y continuo de generación eléctrica. Para este fin ordenó al operador de la red eléctrica CENACE que suspendiera las pruebas de los proyectos en desarrollo.

La orden dio lugar a protestas formales del embajador de Canadá y del representante de la Unión Europea (UE). Este último señaló que la decisión paralizaba el inicio de las nuevas inversiones en renovables y suspendía la actividad de otras eólicas y solares que ya estaban en funcionamiento.

Las decisiones políticas reforzaron la empresa estatal de energía en detrimento de las renovables y el sector privado en general

Por añadidura los cambios del año pasado implicaban que el operador de la red optara por las fuentes más fiables de generación, es decir aquellas que no tienen discontinuidad, es decir las no renovables.

Pero la cuestión es que las normas aprobadas el año pasado fueron objeto de litigio y el Tribunal Constitucional las consideró recientemente inconstitucionales. Esto ha dado pie a una mayor certeza por parte de los inversores en renovables de que lo que se abre en el futuro es un periodo de prolongados enfrentamientos judiciales dentro de México y de arbitrajes internacionales con los que se intentará anular las medidas del gobierno.

Las razones de la protesta del sector privado son anteriores a la Ley de la Industria Eléctrica

El centro de la protesta de las empresas privadas tanto mexicanas como extranjeras se debe a la decisión de que la CENACE tome en primer lugar la electricidad generada por los saltos de agua, en segundo lugar cualquier electricidad generada por la CFE, o por cualquier generador independiente contratado por la CFE, y a estas seguiría la generación eólica y solar privada, y en último lugar entrarían los otros productores privados de electricidad.

La CFE tiene grandes hidroeléctricas y una planta nuclear, pero el resto de la energía la genera mediante el uso de gas y fuel oil y casi carece de energía solar o eólica. Esto ha llevado al sector privado inversor en renovables a señalar que las decisiones políticas constituyen un reforzamiento de la empresa estatal de energía en detrimento de las renovables y el sector privado en general.

El antecedente del Tribunal Constitucional además ha llevado a los analistas a considerar que se abre una lucha judicial pero que el gobierno lleva las de perder en el largo plazo. Los arbitrajes internacionales le darán la razón a las renovables de acuerdo con fuentes jurídicas.

Dentro de las atribuciones que establece el proyecto de ley los reguladores podrán cancelar las licencias de plantas de generación para uso propio por parte de las industrias que los construyeron a partir de una reforma de la ley en 1992 que permitía la autogeneración industrial. Los nuevos permisos para esos generadores deberán extenderse teniendo en cuenta los nuevos objetivos de la Corporación y del gestor estatal de la red.

La ley viola la Constitución y los tratados internacionales firmados por México; no se puede dar trato preferente a una empresa del estado, señala el consultor de energía y ex subsecretario del gobierno César Hernández. De acuerdo con su opinión ningún mercado energético del mundo da prioridad a la generación estatal en detrimento de la eólica o solar.

Como esta forma de operar en el mercado durante la noche nadie va a necesitar generar electricidad y todo el viento que sople se va a desperdiciar y las plantas de ciclo combinado que operarían más eficientemente también van a ser dejadas fuera, señala Julio Valle director de la Asociación Eólica de México.

Una política orientada a retrotraer la liberalización del sector

En 2019 López Obrador se enfrentó con los propietarios de gasoductos por las tarifas que la Corporación Federal pagaba por el gas que tenían un mecanismo de incremento en el tiempo. El conflicto se cerró tras meses de negociación con la adopción de un sistema de tarifa única que de acuerdo con el gobierno suponía una reducción de costes para la CFE.

En esa oportunidad el magnate mexicano Carlos Slim, que es propietario de la operadora de gasoductos Carso Energy, declaró que la parte relevante es que en lugar de pagar tarifas crecientes vamos a pagar una tarifa única y añadió que esto asegura que la CFE pagará al final del día menos.

López Obrador cifró los ahorros en 4.300 millones de dólares tras el acuerdo. Fuentes del sector consideran que ese ahorro representaba en realidad unos 600 millones de dólares. Mientras tanto ese mismo año Slim renunció a la venta de su participación en la filial mexicana de Naturgy y quedó como socio de la entonces Gas Natural México con el 14,125%.

El gobierno del partido Morena afirma que la reforma liberalizadora de 2013 fue diseñada para relegar a la CFE y al sistema de generación estatal, así como a la petrolera estatal Pemex.

La ola de frío que afectó la semana pasada a Texas tuvo entre otras consecuencias reducir de forma drástica el flujo de gas de Estados Unidos a México. El 60% de la generación de electricidad en el país se basa en el gas. La CFE respondió ante la caída del suministro incrementando la generación de las hidroeléctricas, y las térmicas a carbón y fuel suministrados por Pemex. Pero el incidente fue explotado por el gobierno que hace hincapié en la seguridad de suministro de la energía en su principio de acceso al mercado de los generadores.

Ecologistas, conservacionistas y consumidores contra la Ley de la Industria Eléctrica

Con el desarrollo de la Ley de la Industria Eléctrica, los defensores del medio ambiente en México temen que las centrales mas antiguas a carbón y fuel oil entren al mercado antes que las solares y eólicas aumentando los niveles de contaminación.

Por su parte algunos analistas estiman que el sistema de compra de energía arbitrado en la Ley de la Industria Eléctrica va a encarecer el kWh al postergar en el mix a las formas de generación más baratas. Esto, afirman, supondrá un incremento en el déficit fiscal porque los precios residenciales están subsidiados. Esos subsidios a las tarifas residenciales fueron en 2020 del orden de los 3.700 millones de dólares, afirman esas fuentes.