Confidenciales: La nueva tarifa eléctrica y sus factores de corrección

Nadia Calviño y la nueva tarifa eléctrica Nadia Calviño, Ministra de Economía y la nueva tarifa eléctrica

A la desinformación sobre los efectos de la nueva tarifa eléctrica se suma un nuevo factor de incertidumbre. La semana se inició con la rumorología desatada por la vocación del Gobierno de encontrar una fórmula que permita moderar el fuerte incremento que se espera en la factura de la luz en junio. Las motivaciones apuntan al precio de los derechos de emisión, que supera los 50 € la tonelada de CO2, y la Comisión Europea (CE) aspira a que se coloquen en el entorno de los 60 € como factor disuasorio vía precios para incentivar tecnologías menos contaminantes. Por ahí va la teoría, al menos.

Por mucho que insistan en las posibilidades que el nuevo sistema de tarifa eléctrica brinda al ahorro, la realidad hace evidente que la factura subirá. Los precios fijados van a contribuir sin dudas al desplazamiento del consumo hacia franjas horarias menos utilizadas, promoviendo el uso nocturno de la energía eléctrica de forma consecutiva. Aunque, con 3,5 Kw de potencia contratada, no se pueden poner al mismo tiempo muchos electrodomésticos.

La nueva tarifa eléctrica castigará a la población con menos recursos

La población con menores recursos se verá castigada. Es poco probable que las familias trabajadoras se pasen la noche en vela haciendo la colada, poniendo el lavavajillas y haciendo el aseo personal en horarios en los que necesita dormir para reponer fuerzas.

Como es lógico, dar la impresión de que son los más necesitados quienes más van a sufrir las consecuencias de la transición hacia las energías limpias no constituye buena prensa para la generación de energía sostenible. Tampoco supone buena prensa para un gobierno que se autodenomina «de progreso».

El pistoletazo de salida de esta «preocupación» del gobierno la dió en la radio la ministra de Economía Nadia Calviño, quien sugirió que se van a recortar los beneficios espectaculares que produce la generación eléctrica por la vía de las plantas hidroeléctricas y nucleares -anteriores a 2005, especificó la ministra- gracias al sistema de la subasta eléctrica.

Nadia Calviño sugiere recortar los espectaculares beneficios de las eléctricas

En ésta el precio se fija por la tecnología más cara, y las eléctricas ofertan su energía de forma consecutiva de la más barata a la más cara, y esta última es la que determina el precio del kilovatio al que todas venden a sus distribuiduidoras.

La forma de recorte que sugirió es limitar parcialmente el beneficio de las compañías propietarias de esas centrales por los derechos de emisión gratuitos para recompensar su escaso papel en la contaminación del medio ambiente.

Las compañías venden en el mercado esos derechos adjudicados. Como el precio por tonelada de CO2 se ha duplicado en menos de un año, además de obtener una rentabilidad muy alta a expensas del diferencial con la energía servida por los ciclos combinados, se llevan un dinerillo extra por la venta de los derechos de emisión que reciben de forma gratuita.

De forma confusa la ministra sugirió que la reducción de los ingresos regulados por los derechos de emisión adjudicados permitiría reducir la factura. También salió ayer el Ministerio para la Transición Ecológica, de quien depende la regulación eléctrica, a dar su propia versión sugiriendo que en el consejo de ministros de hoy se aprobará un real decreto destinado a moderar el precio de la factura eléctrica.

Una reacción defensiva de la ministra Teresa Ribera, tras arrebatarle la vicepresidenta segunda el mensaje político. Señal, afirman los mentideros políticos de Madrid, que ayer el guiso no se había terminado de cocer.

Las eléctricas ante la nueva tarifa eléctrica y sus consecuencias en las subastas de energía

Los departamentos de estudio de las grandes eléctricas, las más tocadas por las posibles medidas, echaban humo y no tenían mucho tiempo para comentarios.

De acuerdo con un «economista jefe» de una de las grandes empresas del sector el gobierno se debatía a última hora internamente sin haber alcanzado a madurar su propuesta porque hay «divergencias» entre las carteras involucradas, y la intervención de Calviño constituyó una operación preventiva para limitar el alcance de las decisiones aún en el aire.

Lo cual hace suponer que había presiones «más radicales» en el ambiente. Para estos técnicos, de lo que se trata para el gobierno es de minorar la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica por el importe equivalente al valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados gratuitamente a los productores de energía eléctrica.

Una medida que se puso en práctica en el 2006 y se prorrogó en el 2007 con el Real Decreto Ley 11/2007. Medida contra la cual las compañías eléctricas pleitearon ante la justicia europea y perdieron, aunque el triunfo del gobierno no tuvo efecto porque la medida había dejado de estar en vigor a la hora del fallo.

La denominada «retribución de la actividad de producción de energía eléctrica» se refiere a las diversas tasas que involucran la generación y la distribución, y que gravan la factura que pagan los consumidores. Va de suyo que si a esa «retribución» se la minora por los ingresos de las compañías percibidos por los derechos de emisión de gases de invernadero obtenidos de forma gratuita y vendidos en el mercado, la factura bajará.

Esta operación es la reedición de las medidas adoptadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 y 2007.

Esta operación es la reedición de las medidas adoptadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 y 2007. Una operación que nada tiene que ver con el mecanismo de la subasta eléctrica condicionada por los precios marginales que determinan el precio mayorista al que se retribuye para las compañías el kilovatio que compran las distribuidoras que son al final una misma empresa con distinto nombre.

A falta de un tercero involucrado estamos ante la santísima dualidad. Hoy veremos si hay fumata blanca, y el gobierno aprueba un real decreto ley ante la estampida del precio de los derechos de emisión de gases de invernadero.

De ser así se invocarán nuevamente los términos de 2007:

La urgencia en la adopción de la medida viene determinada por la necesidad de evitar el impacto que el consumidor sufriría por la repercusión de los derechos de emisión asignados gratuitamente en el precio de la electricidad y no ser posible la utilización del procedimiento legislativo ordinario para la promulgación de una norma con rango de ley con anterioridad a la aplicación efectiva del nuevo Plan Nacional de Asignación 2008-2012 (con la sustitución de las fechas, claro está).

Ahora bien, mientras que en 2007 esta cláusula se aplicó afirmando que: Lo establecido en esta disposición será de aplicación a los titulares de cada una de las instalaciones de producción de energía eléctrica en el territorio peninsular español en régimen ordinario, cualquiera que sea su tecnología, esta vez se limitaría a las nucleares y a las hidroeléctricas construidas con anterioridad a 2005.

Quizá sea esta la clave de la intervención cautelarísima de la ministra Calviño: limitar el alcance de la medida a estas centrales.

Los derechos de emisión y la tarifa eléctrica en la Unión Europea

El debate en España entronca con el fracaso de la reunión del Consejo Europeo el pasado martes 25 de mayo en la que se debía encontrar un pacto entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) sobre los mecanismos de extensión de los derechos de emisión a otras áreas hasta ahora impermeables al precio de las emisiones de carbono. Este asunto sigue contaminando toda la vida política de la Comisión Europea (CE).

El objetivo de extender los derechos a industrias como la del automóvil y la construcción está levantando ampollas. Pero además está en perspectiva la aplicación de los derechos de emisión a la aviación civil, y a los combustibles fósiles lo que va a incluir las gasolinas, los gasóleos y el fuel para calefacción.

En el seno de la UE, el objetivo de extender los derechos a industrias como la del automóvil y la construcción está levantando ampollas.

Polonia ha reaccionado de forma enérgica ante esta extensión y formó un bloque con otras naciones del este europeo, como Bulgaria, Rumanía y las Bálticas. Su tesis es que la extensión del régimen de derechos de emisión va a afectar a las familias más humildes.

Entre otras cosas, algunos de los países están en divergencia con la tesis central de la CE y solicitan que los ingresos por la venta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero se repartan entre los 27, de acuerdo con las necesidades específicas de cada país, para que se utilicen en el alivio de los costes a los más necesitados.

Algunos países del norte de Europa se oponen a esta exigencia, como es el caso de Suecia o Alemania. El problema de que la transición hacia las energías limpias sea justa y no afecte en particular a los más necesitados está siendo tomada de forma creciente por las organizaciones no gubernamentales implicadas en la preservación del clima.

Como es lógico temen que un castigo a los bolsillos de la población de menores recursos cree una reacción adversa a los esfuerzos para reducir las emisiones y frenar el calentamiento global del clima.

Temor a un estallido social

El estallido social promovido por los chalecos amarillos en Francia por el aumento del precio de los combustibles está aun muy presente en la conciencia política europea como para que los gobiernos les den la espalda, señala una fuente de una ONG dedicada a la movilidad sostenible.

Alemania ha estrenado este año un régimen de derechos de emisiones destinado a los combustibles: gasolinas, diésel y fuel oil para calefacción. Esto ha atrapado la atención del resto de Europa.

No sólo porque la Comisión Europea piensa hacer lo mismo, sino porque este año hay elecciones en Alemania que servirán para medir el efecto de las políticas del gobierno de coalición. Mientras tanto los Verdes alemanes suben en las encuestas de opinión con fuerza. Pero su discurso se sustenta en una transición asumible por la ciudadanía y no de beneficio exclusivo del sector industrial.

El problema del precio de la electricidad en España pone de relieve esa misma contradicción.

Mientras tanto, de acuerdo con el barómetro energético de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), el precio medio del mercado diario del mes de mayo ha sido de 67,12 €/MWh, un 215,8% superior al precio medio de mayo de 2020. Este precio ha sido un 25,8% superior al de Alemania y un 21,4% superior al de Francia. Con respecto a abril de 2021, el precio medio de mayo ha sido un 3,2% superior. Considerando la evolución del mercado diario en 2021 y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio estimado del mercado eléctrico español es de 67,45 €/MWh, un precio 97,9 % mayor que el de 2020, y un 9,8% más caro que el del mercado alemán.

Este es un escenario poco alentador y será difícil que se modifique de forma significativa.