OPA sobre Naturgy: equilibrios y alianzas internacionales para controlar un negocio regulado

Construcción de una torre eólica en el parque de GPG (Naturgy) en Crookwell, Australia.

Intereses españoles presentes en Australia abogan en favor de IFM.

La oferta pública de adquisición que ha planteado el fondo IFM por el 22,69% del capital de Naturgy, la empresa de gas y electricidad española, ha fracturado la opinión en el seno del Gobierno español. Afirmar que esta perspectiva no estaba en el cuadro que el fondo de inversión dibujó al diseñar la estrategia es un intento de maquillar la realidad. IFM actúa de forma concertada con otros dos socios muy significativos en el capital de la empresa española. Rioja Acquisition, S.à r.l. (CVC y Grupo March) y GIP III Canary 1, S.à r.l. (Global Infrastructure Management), que representan el 41,44% del capital, y se han obligado con el Oferente, de conformidad con las cartas descritas en el apartado 12 siguiente, a no aceptar la Oferta, de acuerdo con el comunicado a la CNMV. Es decir han acordado permanecer en el capital como aliados estratégicos de la ofertante.

El total del capital que quedaría en manos de los fondos sería del 63%, dejando a Criteria, el holding industrial de la Fundació Caixa de Pensions i d’Estalvis de Barcelona, empantanada en el 24,424% del capital más un 8% de minoritarios en bolsa y un 3,99% en manos de la argelina Sonatrach. Sin embargo hacer un análisis localista de esta operación solo contribuye a restar perspectiva a la situación que se ha creado. Algunos analistas señalaban el fin de semana que España tiene buenas relaciones con Australia, país en el que hay muchas empresas españolas.

Alianzas e intereses bajo la OPA de FMI

Pero vamos a la realidad. La principal presencia española en Australia es la de ACS. Tras capturar a la primera constructora alemana, Hochtief, se hizo con su filial australiana, Leighton Holdings, a la cual le ha cambiado el nombre por CIMIC. El motivo central para este cambio de denominación probablemente sea la involucración de la vieja Leighton en turbios negocios en Asia y Oriente Próximo que entrañaron prácticas corruptas como el pago de comisiones ilegales. Las autoridades australianas siguen deteniendo a estas alturas a ex ejecutivos de Leighton por esas operaciones. ACS libró una dura batalla por el control absoluto de Leighton, un objetivo que alcanzó doblegando a los representantes del establishment local en la cúpula de la empresa y no siempre con la simpatía de los reguladores. Una curiosidad a tener en cuenta es que el grupo March, que dio asistencia financiera a esa operación y tuvo una significativa participación en ACS a todo lo largo del proceso de captura de Hochtief y Leighton, está ahora en medio de la batalla por la OPA sobre Naturgy.

IFM tiene un buen agente oficioso en ACS cuya proximidad en España al gobierno de turno es un hecho

Pero otras grandes inversiones españolas en Australia incluyen a Iberdrola y a Naturgy. La primera adquirió en ese país a uno de los principales promotores de energías renovables, Infigen, y tiene en desarrollo un proyecto eólico solar en Port Augusta con una inversión de 500 millones de dólares australianos. La potencia instalada actual de Iberdrola en Australia es de 800 MW mientras tiene diversos proyectos en marcha por otros 1.000 MW.

Naturgy por su parte, tras una lucha a brazo partido, logró que se revocara el veto a un parque eólico de 70 MW. El proyecto estaba paralizado por su impacto medioambiental pero el Tribunal de Tierra y Medioambiente de Nueva Gales del Sur revocó una decisión anterior de las autoridades de planificación del Estado australiano, que había archivado los planes de esa instalación. Las operaciones de Naturgy en Australia se hacen a través de Global Power Generation (GPG) de la cual controla el 75% con el restante 25% en manos de la Kuwait Investment Agency. GPG tiene otras inversiones en Australia con las que puede llegar a sumar 600 MW de generación renovable.

Por lo tanto uno de los factores que pesan sobre cualquier decisión en torno a la toma de participación extemporánea en Naturgy deberá sopesar el problema de la reciprocidad en las inversiones. En este sentido IFM tiene un buen agente oficioso en ACS cuya proximidad en España al gobierno de turno es un hecho. Algunos artículos en la prensa española que han roto una lanza en favor de IFM este fin de semana lo dejan bien claro.

Mientras tanto el anuncio de Enagas y Naturgy sobre el objetivo de crear un consorcio denominado de momento HyDeal Ambition es una operación preparatoria que al mismo tiempo aspira a brindar cierto blindaje a los involucrados. El objetivo del consorcio en construcción es poner en marcha la producción de hidrógeno verde a muy corto plazo en España con el potencial de distribuirlo en el resto de Europa. En los hechos se trata de una alianza entre el gestor técnico del sistema gasista español con la principal empresa de gas del país, más un grupo de empresas de servicios y energía que colaborarán en el desarrollo del proyecto. El carácter local de la iniciativa ha quedado reflejado en el hecho de que ningún medio financiero internacional ha publicado hasta ahora la información.

El pacto entre IFM, CVC y GIM implica en los hechos una coalición de intereses no españoles para tomar el control de un negocio con un mercado regulado en España y una gran proyección de negocio futuro

No cabe la menor duda que para un grupo de fondos de inversión en el sector de las infraestructuras capturar posiciones en esta iniciativa es un objetivo de primer orden. Se puede considerar que este es un móvil más para la oferta de IFM, al tanto del proyecto a través de los consejeros en Naturgy de CVC y Global Infastructure Management.

La vocación verde del gran fondo de infraestructuras australiano es un tanto voluble a juzgar por algunas de sus inversiones como la empresa conjunta Impala con el trader de materias primas Trafigura denominada Impala Terminals en el Puerto de Huelva que se dedica a la exportación de concentrado de cobre y de zinc. El pacto entre IFM, CVC y GIM implica en los hechos una coalición de intereses no españoles para tomar el control de un negocio con un mercado regulado en España y una gran proyección de negocio futuro.

Criteria y la división en el gobierno

Criteria por otra parte no es una asociación de ingenuos. La batalla por mantenerse en el núcleo de Bank of East Asia bajo la presión de Elliot Management que intentó insertarse como cuña en el capital del banco de Hong Kong da cuenta de esto. Sobre todo si se tienen presentes las maniobras de Elliot Management en torno a la participación de Isabel dos Santos en el capital de BPI durante la oferta por el control del banco portugués. Lo llamativo es que fue la propia Criteria quien facilitó la entrada de los fondos en el capital de Naturgy, y que estos a su turno manifestaron su apoyo al presidente ejecutivo de la empresa Francisco Reynes. A estas alturas lo que en definitiva cuenta es el hecho que las fuentes que dicen estar al tanto de la opinión del holding industrial de la fundación que controla CaixaBank afirman que Criteria se opone a la oferta de IFM porque a pesar de no contar con la mayoría de control prefiere que el equilibrio no se desplace de forma irreversible hacia los tres fondos de inversión.

No está claro que los cuatro consejeros que responden a los fondos de inversión puedan aprobar la oferta por la fuerza bruta porque para eso deberían contar con el apoyo de al menos dos de los consejeros independientes. Aunque de ocurrir esto tienen garantizada la oposición del gobierno.

Mientras tanto para Criteria la salida elegante es que el ejecutivo decida vetar la entrada del aspirante argumentando el interés estratégico de la empresa al amparo de la legislación de emergencia aprobada con las medidas excepcionales por la pandemia. Esta posibilidad ha dividido al gobierno y según fuentes que dicen estar al tanto de los debates internos el Presidente se habría alineado con el ministro de Fomento, la ministra de Hacienda y los miembros del gabinete de Unidos Podemos en contra de la oferta. La ministra de Economía Nadia Calviño, una funcionaria de la UE en comisión de servicio dentro del Gobierno de Coalición, se habría alineado a favor de la OPA de IFM. Las fuentes desconocen la posición de la ministra para la Transición Ecológica cuya escasa simpatía por el gas como combustible es conocida.