Opinión: “La PAC bajo la lupa”

El Tribunal Europeo de Cuentas es la institución que vela por el buen uso del dinero de los y las contribuyentes de la Unión, y sus auditores suelen desmenuzar con diligencia la Política Agraria Común (PAC). No es para menos: la PAC es la mayor partida del presupuesto comunitario, unos 60.000 millones anuales en los últimos seis años. La Coalición Por Otra PAC lanzó esta semana la campaña #LaPACbajoLaLupa con un exhaustivo análisis de los principales informes agrarios del Tribunal de Cuentas, que evidencian que la Política Agraria Común tiene graves carencias a la hora de asegurar una renta justa de agricultores y ganaderas o contribuir a los objetivos europeos en materia de clima y biodiversidad.

El Tribunal de Cuentas Europeo, una institución pública e independiente con sede en Luxemburgo, vigila que los fondos europeos se recauden y repartan correctamente. Aunque no tiene capacidad jurídica, publica regularmente estudios e informes para mejorar el uso del presupuesto comunitario, y en los últimos años ha aumentado el escrutinio sobre la eficacia de las políticas y los programas financiados por la Unión Europea. 

Muchos de esos informes han auditado la Política Agraria Común, a la que cada ciudadano europeo aporta de su bolsillo unos 114€ cada año. En noviembre de 2020, el TCE criticó la autoevaluación de la Comisión Europea sobre el gasto de la PAC en el año anterior, resaltando que presenta una descripción excesivamente positiva y no se centra en los resultados. Los auditores también constataron que las medidas de la PAC tienen un impacto reducido en la lucha contra el cambio climático, y que se sigue favoreciendo a los grandes propietarios y exacerbando las desigualdades entre productores debido al sistema de pagos directos, que acapara la mayor parte de los fondos de la PAC.

Como los pagos directos están vinculados a la superficie de las fincas, aproximadamente el 80% de las ayudas se destinan al 20% de los beneficiarios. De hecho, más del 30% de los pagos van al 2% de los beneficiarios, recibiendo cada uno más de 50.000 euros en pagos directos.  Varios mecanismos redistributivos (como el capping o los pagos redistributivos) solo han tenido efectos marginales.

Informe de auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo

#LaPACbajoLaLupa

Por su interés para toda la ciudadanía, desde Coalición Por Otra PAC hemos desgranado a lo largo de seis documentos los principales estudios del Tribunal de Cuentas Europeo del periodo 2014-2020 en un amplio abanico de temas: la condicionalidad de las ayudas, la protección del clima y la biodiversidad, el uso de plaguicidas, el destino de los fondos de desarrollo rural y el reparto del pago básico.

A lo largo de sus informes, el Tribunal de Cuentas ha dejado patente las incertidumbres sobre los resultados de la PAC, o sus importantes carencias a la hora de lograr un reparto más justo o de reducir el impacto ambiental de la agricultura y ganadería más intensiva y contaminante. Por ejemplo, el TCE constató que el efecto de los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) en la protección de la biodiversidad es limitado, y que a la hora de planificar requisitos como la condicionalidad y el greening, la Comisión y los Estados Miembros han favorecido opciones de bajo impacto, sin conseguir revertir el declive de la biodiversidad agraria.

Una importante amenaza para la biodiversidad es el uso masivo de plaguicidas, y el TCE criticó que los datos que recogen y publican la Comisión y los estados miembros sobre el riesgo y las repercusiones ambientales del uso de estos agroquímicos, no son suficientes para permitir una supervisión eficaz. La PAC sigue sin incluir entre sus requisitos la minimización del uso de estos agroquímicos a través de la llamada Gestión Integrada de Plagas (GIP). 

Además, el TCE también subrayó que la Comisión Europea ha sobreestimado enormemente la contribución de la PAC a la lucha contra el cambio climático: unos 33.000 millones de euros en el periodo 2014-2020. Durante ese periodo, la Unión Europea planteó el objetivo de gastar al menos un euro de cada cinco en acción por el clima, y la Política Agraria Común también debe formar parte de la solución a la crisis climática.