El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es en un 39% transición ecológica

Sánchez anuncia la semana pasada el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Sánchez anuncia la semana pasada el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El 39% de los recursos del Plan de recuperación serán destinados a la transición ecológica, un 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación, y un 7% para I+D+i de acuerdo con el presidente Pedro Sánchez. Aparte de los compromisos con Bruselas sobre pensiones y reforma laboral, el plan de recuperación está conformado por los seis proyectos estratégicos ya enunciados por el Gobierno: el coche eléctrico, el hidrógeno de origen verde, la industria aeroespacial, la agricultura sostenible y eficiente, el uso del español en la inteligencia artificial y un sistema nacional de salud reforzado.

En este artículo

Tautologías, incongruencias e inconsistencias en el plan de recuperación

El plan de recuperación pone aun más al orden del día la campaña de GreenPeace contra Ecoembes
El plan de recuperación pone aun más al orden del día la campaña de GreenPeace contra Ecoembes

Dentro del Plan entra también la Ley de Cambio Climático, que de acuerdo con fuentes del Senado será aprobada el próximo 13 de mayo. Más allá de las potenciales incongruencias del Plan, como abogar por la economía circular mientras se permiten los subsidios al SIG Ecoembes, el proyecto de Ley de cambio climático presenta las propias. El Gobierno espera recaudar de Bruselas 27.000 millones de € este año a expensas de este plan. Aunque es probable que Bruselas espere más que lo que se ha enunciado la víspera.

La ley de cambio climático establece en su disposición segunda la Modificación de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y propone en su redacción un texto que establece que:

1. En las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos a fomento de energías renovables, un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética

Ocurre que en dicha ley existía otra fuente además de la recaudación anual de tributos, los cánones, que han desaparecido en el párrafo anterior. Por otro lado también ha desaparecido el punto (b) de esa disposición segunda: El ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 500 millones de euros.

Esto implica que la subasta de derechos de emisión no formará parte de la financiación de las energías renovables. A saber qué destino tendrá esa partida en el futuro.

Pero como se ve, los cánones vuelven a aparecer en el siguiente párrafo, porque la ley establece que esas aportaciones:

Se realizarán mediante libramientos mensuales por un importe máximo de la cifra de recaudación efectiva por dichos tributos y cánones, en el mes inmediato anterior, según certificación de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda. La aportación que haya de realizarse en función de la recaudación del mes de diciembre se efectuará con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente

Habrá que ver cómo se arregla esta inconsistencia de lo que no se menciona pero sí que computa.

Las energéticas dejan Industria y pasan a Transición Ecológica

El plan de recuperación deja al cuestionado Josu Jon Imaz en una posición más difícil.
El plan de recuperación deja al cuestionado Josu Jon Imaz en una posición más difícil.

La Disposición final tercera por su parte tiene miga. Propone la modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en relación con la comunicación sobre toma de participaciones de grupos de sociedades designados como gestor de la red de transporte de electricidad y gas natural.

Atención, la ley está hablando de Enagás y de Red Eléctrica Española (REE). De la última obtener un comentario es labor improbable porque su departamento de prensa no contesta a los correos electrónicos de nuestro medio, personalizados y sin personalizar, algo que debería ocupar el interés de la presidenta de esa sociedad de mayoría estatal.

Como en el texto se habla de la inclusión de los puntos 1 y 2 de la vieja redacción, dentro de las actividades involucradas en ellos entran las eléctricas, peninsulares y extrapeninsulares, así como las otras reguladas en el sector gasista y del sector de hidrocarburos, o que desarrollen actividades en el sector de hidrocarburos tales como refino de petróleo, transporte por oleoductos y almacenamiento de productos petrolíferos. Es decir Repsol, Cepsa, además de todas las eléctricas, Enagas y REE.

La propuesta supone modificar la redacción del apartado 2 de la disposición adicional novena de esa ley para dejar sujeto a la supervisión y control, bajo el término de comunicar a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las adquisiciones directas o mediante sociedades interpuestas bajo su control de participaciones en otras sociedades mercantiles o de activos de cualquier naturaleza que por su valor u otras circunstancias tengan un impacto relevante o influencia significativa en las actividades de la sociedad comunicante.

Esto supone el traspaso de competencias de Industria a Transición Ecológica sobre el conjunto de los sectores regulados de la energía y transmisión y conducción de energía y combustibles, que tiene su razón en el hecho que tanto el sector del gas como el de la electricidad y los hidrocarburos ya están dentro de su órbita. Este tramo de la ley acaba además señalando:

En las mismas circunstancias señaladas en el inciso anterior, se deberán comunicar igualmente las adquisiciones que realicen las sociedades matrices de los grupos de sociedades designadas como gestor de la red de transporte de electricidad y gas natural, así como cualesquiera otras sociedades que formen parte de dichos grupos

En cualquier caso es llamativo que se incluya en el Plan de recuperación, remitido a Bruselas dentro del plazo que vence este viernes, una ley que no ha sido aun aprobada aunque las fuentes consultadas en el Senado señalan que la fecha prevista de parto es el 13 de mayo próximo.

Ley de Economía Circular

La Economía Circular se anuncia en el plan de recuperación... pero nada más.
La Economía Circular se anuncia en el plan de recuperación… pero nada más.

Otra ley que no está aprobada, y probablemente ni siquiera redactada y que forma parte del Plan de recuperación es la de la Economía Circular. La mención está incluida en la disposición adicional quinta en la que se estabelece que esa ley será enviada a las Cortes en el plazo de seis meses… largo me lo fiáis señor.

El Gobierno remitirá a las Cortes, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, un Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que incluirá como uno de sus principales ejes el impulso a la economía circular, en la línea de lo establecido en la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030

Esto haría suponer que el criterio de reciclaje de envases de plástico pudiera ser revisado, y de alguna forma daría más entidad a la campaña de Green Peace respecto del vigente Sistema Integrado de Gestión para los envases que está en manos de las grandes empresas del sector desde la distribución hasta las grandes superficies y fabricantes de envases, que son sus accionistas y tienen un interés directo en la proliferación de los envases de plástico.

¿Una ley del transporte ferroviario? ¿De la movilidad sostenible?

El gobierno no acaba de coger el tren del transporte de mercancías en AVE
El gobierno no acaba de coger el tren del transporte de mercancías en AVE en el plan de recuperación

La Disposición adicional sexta trata sobre el Transporte Ferroviario. En el texto se afirma que: El Gobierno promoverá el uso del ferrocarril de viajeros en el ámbito de la futura Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, estableciendo las medidas necesarias para su fomento frente a medios de transporte más contaminantes. Ha aparecido aquí otra futura ley, que tratará del transporte por ferrocarril y que incluirá a las mercancías.

Sin embargo, respecto de estas se dice poco más que se busca su penetración en distancias superiores a los 300 kilómetros. Lo llamativo es que no se mencione la electrificación del ferrocarril para el transporte de mercancías cuando existe la alternativa de incorporar esa actividad al tren de alta velocidad en los horarios nocturnos. Desde luego que ello implicaría la batalla sobre quién es el operador estratégico de ese sistema.

Este es otro territorio en el cual las cosas quedan libradas al futuro. El gobierno elaborará sin fijar plazos, el gobierno dispondrá, sin determinar cuando, y así de seguido, en temas que son vitales para la reducción de emisiones. Basta recordar por ejemplo que el parque de locomotoras diesel que se debe renovar en los próximos dos años es de 5.000 dentro de la Unión Europea para tener una idea de la magnitud del problema y la oportunidad de negocio.

En el ámbito del transporte de mercancías, y con el fin de mejorar la eficiencia energética y la competitividad del mismo, el Gobierno establecerá, de acuerdo con lo que prevea la citada Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, objetivos de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros

Es de reseñar que la citada Ley de movilidad sostenible tampoco existe. Estaremos a lo que ella prevea… cuando sea.

El Gobierno elaborará una Estrategia de impulso del transporte de mercancías por ferrocarril, en el marco de su planificación estratégica, en la que podrán tener cabida medidas que afecten a todos los ámbitos que puedan incidir en el incremento de la competitividad de este transporte. Todo es un futuro indefinido.

¿Fiscalidad Verde?

La fiscalidad verde en el plan de recuperación queda atrás de lo avanzado por Timmersmans.
La fiscalidad verde en el plan de recuperación queda atrás de lo avanzado por Timmersmans.

La ley despacha el tema en 10 líneas. Aunque en muchas menos liquida la cuestión de la fiscalidad verde. Lo que dice al respecto es que en el plazo de seis meses desde la aprobación de la Ley del Clima, el Gobierno constituirá un grupo de expertos para evaluar una reforma fiscal que valorará también la fiscalidad verde. En todo caso, las modificaciones que se introduzcan en este ámbito irán acompasadas con la situación económica. Como para que nadie se asuste…

Una fuerte contradicción con las recomendaciones del último semestre europeo que dejó en herencia como eje fundamental la necesidad de una fiscalidad que contribuya a la transición energética. Aquí vamos por el camino de una comisión que alguna vez será designada.

Los hombres de gris y la negociación del plan de recuperación

Mientras tanto el Financial Times, citando fuentes diplomáticas en Bruselas, advierte que la negociación sobre el plan de recuperación será dura. La complejidad de las negociaciones implican que muchos estados miembros no estarán ahora en condiciones de hacer frente al plazo del 30 de abril para presentar sus planes de recuperación.

El hecho que España lo haya hecho indica que se han adoptado compromisos que no se han hecho públicos porque lo único que hay en el Plan de recuperación de momento son generalidades.

Recordemos que hay una serie de compromisos de acompañamiento que los sherpas dirigidos por la ministra de Economía Nadia Calviño han ido forjando en meses recientes. Las reformas económicas van entrelazadas con los objetivos de inversión, y de entre estos el 37% debe ir dirigido a objetivos verdes. Esto quiere decir que el 39% anunciado por el gobierno está sólo dos puntos por encima de las exigencias mínimas de Bruselas.

Pero a los estados miembro también se les exige prueba de que han sometido costes realistas para los objetivos de su plan de recuperación. Esperan además que existan sistemas sólidos de control y auditoría del gasto para que el esfuerzo de la recuperación no se vea minado por el despilfarro y el gasto, lo que arruinaría la imagen de la operación de rescate continental.

Tras la entrega formal del plan de recuperación, la Comisión Europea se tomará dos meses para analizar y aprobar los planes, proceso tras el cual se deberán suscribir los acuerdos con cada estado miembro. Si el gobierno da por seguro que su plan de recuperación va a ser aprobado es porque los trabajos previos han avanzado más de lo que se sabe en materia de reducción futura del déficit fiscal.

Se argumenta que la norma de gasto ha quedado en suspenso desde el comienzo de la pandemia. Pero lo cierto es que los organismos presupuestarios de la CE mantienen la vista clavada en las cifras de endeudamiento de los países miembro y ha entrado de lleno en las políticas cuya aplicación en el corto plazo tiendan a la estabilización presupuestaria y a la reducción de la deuda.

Los ejes de las exigencias de la CE van por la fiscalidad en un intento de eliminar las divergencias entre objetivos fiscales por país, como los casos de Irlanda y Luxemburgo. Pero también se dirigen al capítulo de compras y sistemas de adjudicación, como en el caso de Hungría, y de reforma laboral y de pensiones en el caso de España.

Como afirma Mefistófeles, toda teoría es gris, pero es verde el áureo árbol de la vida; lo que ocurre es que los hombres de Bruselas visten de gris se dice, y el árbol verde ya se verá si florece.