El CEO de la petrolera Royal Dutch Shell, Ben van Beurden, publicó un post en su página de LinkedIn rápidamente reproducido en la web de la petrolera en la que manifiesta su disgusto porque su empresa haya sido individualizada y sentenciada por una jueza, pero al mismo tiempo señala que la empresa va a acelerar la reducción de sus emisiones.

Una corte de distrito de La Haya emitió una dura sentencia contra la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Basando su doctrina en los derechos humanos obliga a la gran petrolera a acelerar el ritmo de la reducción de emisiones. Entretanto en Estados Unidos la dirección de la mayor petrolera del mundo, Exxon, se vio obligada tras un recuento de votos en la junta de accionistas a incorporar al consejo a dos representantes de un fondo activista que cuestiona su política de emisiones.

El ciberataque al oleoducto de Colonial Pipeline Co en EEUU abre la discusión sobre la necesidad de establecer estándares de seguridad más altos para infraestructuras críticas. La Agencia de Ciberseguridad de EEUU alertó hace un año a los operadores de oleoductos y en concreto a Colonial, tras una intrusión en sus sistemas a través de un correo electrónico. El ataque perpetrado hace dos días ha obligado a la empresa a cerrar la red que abastece de combustible a 50 millones de estadounidense y necesitó de ayuda externa para reactivar sus sistemas. El gobierno tuvo que declarar el estado de emergencia y en los pasillos del Congreso se empieza a hablar de la necesidad de rastrear ataques a nivel global y asentar un marco legal común para proteger la seguridad de los países industrializados occidentales.

Engine Nº1, un fondo activista de inversión, está enfrentando públicamente a Exxon a través de una campaña en la que acusa a la petrolera de avanzar a paso de tortuga en materia de sostenibilidad. Engine Nº1 se define a si misma como una empresa de inversión creada con el propósito de crear valor a largo plazo aprovechando el poder del capitalismo.

Tras el escándalo institucional causado por las cartas de presión remitidas al CSN por la minera Berkeley, Serena i Sender, Presidente del regulador nuclear ha comparecido en el Congreso ante la Comisión de Transición Ecológica. El proyecto de explotación de uranio, iniciado en 2016, se encuentra aún pendiente de autorización. PP y Vox han afeado la longitud de los plazos y el Presidente del CSN se ha amilanado, echando las responsabilidades sobre los hombros de unos técnicos «elegidos por el gobierno anterior».

La energía nuclear en Europa ve la puerta abierta con el Pacto Verde. La dificultad que supone para muchos países cumplir con el compromiso de reducción de emisiones y la ambición de las eléctricas han confluido en una insospechada campaña capaz de poner sordina no solo sobre los peligros, sino sobre los últimos accidentes, reales y graves, en las fronteras de Europa.