En abril de 2020 la producción industrial de EEUU cayó un 12,7%. Un año después, se espera que el PIB vuelva a su nivel anterior a la pandemia en este trimestre; el presidente Biden habla de una economía postpandémica, un nuevo sistema mejor que todo lo que conoció la población en el último siglo.

Aquellos que históricamente se han quedado atrás tienen la mejor oportunidad de prosperar en una economía fuerte con abundantes oportunidades de trabajo, declaraba hace unos días Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.

La agenda de recuperación de EEUU reposa en el Green Deal, un programa respaldado por 4 billones de dólares que incentiva la producción nacional, la introducción de vehículos eléctricos y el I+D para el desarrollo de baterías avanzadas.

Dos acontecimientos han calentado el debate en torno a la movilidad eléctrica. La ONG Mobility & Environment (M&E) ha difundido la víspera un estudio encargado a BloombergNEF (BNEF) en el que se establecen los parámetros necesarios para sustituir los motores de combustión interna por eléctricos en el 2030 en automóviles y transporte comercial ligero. El mismo día, el Financial Times ralizaba conferencia bajo el pomposo nombre de Cumbre del Futuro del Automóvil en la que el líder de Stellantis calificó de «brutalidad» a los objetivos de la Unión Europea en materia de emisiones.

Esta semana se aireó un acuerdo de última hora entre dos fabricantes de baterías para coches eléctricos cuyo conflicto amenazó una inversión de 2.600 millones de dólares en el estado de Georgia, y la paralización de la fabricación de coches eléctricos por parte de General Motors y Volkswagen en el mercado estadounidense.

La ausencia de criterios públicos en la distribución de los fondos Generation Next, empieza a poner nerviosas a las grandes empresas que los reclaman para acelerar la transición ecológica. El presidente de Seat, Wayne Griffiths, condicionó ayer la creación de un ecosistema del coche eléctrico al compromiso nítido del Gobierno y la Comisión Europea. Compromiso que se mediría según la firma en la declaración del plan para el desarrollo del coche eléctrico que lidera como PERTE del que espera recibir al menos 840 millones de euros.

La industria ha contraído fuertes compromisos con el paso al coche eléctrico y los inversores exigen hechos. Ha empezado una doble carrera: entre los fabricantes de coche eléctrico que buscan tecnologías punteras para diferenciar sus baterías; y entre los aspirantes a sedes fabriles que necesitan atraer inversiones para contar con gigafrábricas de baterías. El fabricante que no tenga una batería puntera perderá mercado; el país o la región que no tenga una gigafábrica de baterías saldrá del mapa fabril del coche eléctrico.