Las finanzas verdes se han convertido en un objetivo de los bancos centrales de buena parte del mundo, incluyendo China y Estados Unidos, pasando por el Banco Central Europeo. Hoy el tema adquiere un perfil más destacado porque se inicia la conferencia convocada bajo el nombre de «Cisne Verde» por el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el Banco de Francia, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la Red para Reverdecer el Sistema Financiero.

El Banco Central Europeo (BCE) tiene en desarrollo una prueba de estrés global en la que incorpora datos de 4 millones de empresas y 2.000 bancos para determinar los efectos del calentamiento global sobre el riesgo de quebrantos en empresas y bancos. Las dimensiones de este experimento son significativas no sólo por el universo de empresas y entidades financieras considerado sino porque es una proyección a 30 años. El estudio tiene por objeto no sólo hacer una estimación global sino servir de base para desarrollar el modelo que el regulador va a utilizar en 2022 para medir el riesgo de las entidades financieras europeas frente al cambio climático mediante una prueba de estrés específica.

Iberdrola, Caixabank, el BIS… todas las semanas se anuncian emisiones de «bonos verdes». Sin embargo, solo en Francia se han establecido parámetros sobre los que determinar qué es sostenible/renovable/verde sobre criterios objetivos compartidos de forma amplia. Nada impide a día de hoy que las adquisiciones potencien las emisiones. Una regulación contable que obligue a ser transparente en materia de emisiones y riesgos ambientales, tanto en la actividad directa de las corporaciones como en materia de inversiones de las empresas, bancos y fondos de inversión cotizados en bolsa, sería un instrumento útil para apalancar los objetivos de reducción de emisiones de gases de invernadero a la atmósfera. Pero para ello hay que avanzar en un marco regulador claro.