El TJUE evita el “déficit de tarifa”, de momento

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) evita el hundimiento del sistema eléctrico español sin embargo el andamiaje jurídico que el gobierno construye para financiar el sistema eléctrico evitando una profundización del déficit de tarifa y que pasa en buena medida por el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, camina por el filo de un precipicio. Cuenta con un despegue económico, con fuertes ingresos por subasta de los derechos de emisión, con la continuidad de los gravámenes como el famoso 7% y la contribución de las eléctricas. Todo esto en el escenario de una recesión que se zambulle en su segunda sima.

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El origen del déficit de tarifa

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ha derribado la carga fiscal del 7% sobre le generación de electricidad que se aplica a las empresas de generación por decisión de la Ley 15/2012 aprobada bajo el gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy como presidente. Por el contrario el tribunal de Luxemburgo dice en su dictamen que la directiva europea general sobre impuestos especiales no se opone a una normativa nacional que establece un impuesto que grava la producción del sistema eléctrico en el territorio nacional y cuya base imponible está constituida por el importe total de los ingresos del sujeto pasivo obtenidos por la realización de estas actividades, sin tener en cuenta la cantidad de electricidad efectivamente producida e incorporada al sistema.

Si el fallo hubiera sido adverso para el andamiaje fiscal español en torno a la electricidad se hubiera provocado una verdadera catástrofe financiera porque se anularía una parte considerable de la recaudación con la cual el déficit de marras se redujo de cerca de 40.000 millones de euros a los 16.000 millones actuales y cuya amortización final está prevista para 2028.

Pero en la ley aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy se establecen, además de la carga fiscal mencionada, los otros ingresos regulados como los peajes de acceso. El conjunto de las cargas de una u otra forma están incorporados al recibo y forman parte en España -no es desde luego un caso único- del precio de la electricidad para el consumidor final. La famosa Revolución Energética alemana, cuestionada también por las grandes compañías eléctricas de ese país, castiga el bolsillo de los consumidores residenciales en beneficio de los industriales.

Pero detrás del instrumento fiscal que acaba de avalar la justicia europea, como ya lo había hecho la española, lo que navega sobre las turbias aguas de los costes de generación eléctrica es el fantasma de lo que se dio en llamar déficit de tarifa. Es decir la diferencia entre los costes que la normativa reconoce por el suministro de electricidad y su retribución.

Este déficit de tarifa fue y es una de las grandes cargas del sistema eléctrico español. En su momento más alto la deuda acumulada por el estado ante el sistema entre datos contables consolidados y desfases no consolidados superaba con creces los 30.000 millones de euros. El sistema eléctrico comenzó a registrar superávit solo en 2014, pero en 2019 ese superávit ya había caído a cero nuevamente por su utilización para la compensación de nuevos desfases. Durante el año 2019 y 2020 de acuerdo con lo establecido en la orden TED/952/2020 se aplicó parcialmente el superávit del sistema eléctrico para cubrir los desajustes temporales y las desviaciones transitorias entre ingresos y costes de los ejercicios 2019 y 2020.

Concretamente, se transfirieron 527,65 millones de euros para que el ejercicio 2019 finalizara en equilibrio, y un total de 506,2 millones en la liquidación provisional nº 10 de 2020, que han incrementado hasta el 84,96% el índice de cobertura de la liquidación provisional nº 10, afirma la CNMC.

La deuda del sistema eléctrico en España alcanzó los 14.294 millones de euros en 2020, un 13,9% menos que en 2019

En total se han destinado 1.034 millones de euros procedentes del superávit generado en años anteriores para los citados ejercicios. Asimismo, previamente, entre 2017 y 2018, se destinaron un total de 649,3 millones del superávit a pagos a empresas por sentencias del Tribunal Supremo sobre la financiación del bono social (518 millones), ayudas a la inversión de energías renovables (120 millones) o pronunciamientos judiciales a favor de plantas de tratamiento de purines (11,3 millones), de acuerdo con el regulador.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia califica esta situación como circunstancias por las cuales Las desviaciones transitorias podrán dar lugar a la aparición de déficit, que podría llevar aparejada una subida automática de los peajes y los cargos para los consumidores de electricidad. Y en su opinión eso constata que el modelo de financiación del sistema eléctrico establecido en el año 2012 es insuficiente en el actual contexto y no cabe esperar que sea válido en los próximos años.

El déficit de tarifa ante la nueva recesión

Ribera y el déficit de tarifa. El TJUE dio un respiro

¿Pero cual es el actual contexto? Es el de una caída brutal de la actividad económica con menor demanda de energía y por lo tanto de menores ingresos por peajes y por ende de recaudación fiscal. En realidad el sistema eléctrico ya ha entrado en pérdida, es decir comienza a acumular déficit de tarifa es decir lo que el estado le debe a los generadores de electricidad, las compañías eléctricas.

El Gobierno ha diseñado, para saltar por encima de la caída de la demanda y la crisis que se ha precipitado sobre la sociedad global, un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) destinado a pagar los costes fijos del régimen jurídico específico de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos (RECORE), actualmente financiados, fundamentalmente, mediante los cargos del sistema eléctrico según el informe de la CNMC.

No cabe la menor duda que la idea del FNSSE es el resultado directo de la caída en la recaudación y la necesidad de atajar una nueva ola de déficit de tarifa en la relación entre el sector eléctrico y el estado en un momento en el que la política energética de la Unión Europea en particular, y de las economías avanzadas en general, aspira a que la electricidad que se genera sea energía renovable. Al mismo tiempo se pretende sustraer esta financiación de la carga sobre la factura al consumidor.

De acuerdo con lo especificado por el gobierno el Fondo se nutriría de las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos y de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, lo que deja dentro del saco al famoso 7% que pesa sobre la factura. Además del 90 por ciento del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 450 millones de euros. La otra fuente serían los recursos provenientes de fondos comunitarios, hasta un máximo del 10% de los ingresos anuales del Fondo.

La double dip recession no permitirá al FNSSE rescatar ni a los consumidores ni a los presupuestos generales del estado

Esto quiere decir que habrá una lucha de fieras con las compañías eléctricas por su contribución, y que estas acabarán trasladando ese coste a la factura eléctrica. Que el impuesto del 7% salvado por el TJUE de una muerte prematura se mantendrá en el mix de financiación, y que la subasta de los derechos de emisión van a jugar un papel relevante. Pero para eso es necesario que su demanda sea firme, que su precio sea alto y que logremos salir de la recesión, algo que todo indica que no ocurrirá porque estamos al borde de la famosa double dip recession. Es decir que al final del camino el FNSSE no rescatará a los consumidores ni a los presupuestos generales del estado.

La tendencia marcada por la Comisión Europea en el EU Green Deal choca de manera frontal con las condiciones objetivas. En primer lugar no habrá recuperación económica consistente que tire de la demanda de energía eléctrica de forma ascendente. Los accidentes climatológicos que podemos esperar serán explosiones ocasionales que tirarán de la demanda de forma coyuntural pero no formarán una demanda sostenida creciente. Esto implica una caída en los ingresos del sistema. Mientras tanto el compromiso con el desarrollo de las energías renovables en materia de precios por kWh, ayudas y subsidios, constituyen una carga que no se podrá hacer bascular sobre el sistema eléctrico.

La alternativa de trasladar los costes a los consumidores mediante el sistema del tarifazo en las actuales condiciones sociales no sólo no parecería prudente sino que acabará provocando una reacción adversa en la sociedad ya muy sensibilizada. El anuncio esta semana de que la masa de parados alcanzó a 4 millones de trabajadores pone de relieve este hecho. El Gobierno en este sentido se fía a los fondos contenidos en el programa de ayudas y créditos NextGenerationEU para apuntalar un despegue económico. Pero si ese despegue va a pivotar sobre el Pacto Verde, es decir en torno a la energía renovable, lo primero que deberá hacer es sacar de la lista de las ayudas y los subsidios a las energías renovables maduras. Y eso va a provocar otro conflicto.